El abogado Justino González y la jueza de paz Vanessa Vergara anunciaron la presentación de una querella penal por presuntos delitos contra la administración pública, debido a irregularidades en el proceso de transición de la Justicia Comunitaria en Panamá Oeste, que pasó de los municipios al Ministerio de Gobierno (MINGOB).
De acuerdo con González, la transición ha estado marcada por acciones ilegales, ineficientes y abusivas, que vulneran derechos adquiridos de jueces de paz cuyos períodos aún se encontraban vigentes al momento de la entrada en vigor de la Ley 467.
“La transición de los jueces de paz de la alcaldía al Ministerio de Gobierno ha sido ineficiente y abusiva. Uno de los primeros errores e ilegalidades es que se reemplazaron a la gran mayoría de los jueces de paz cuyos períodos estaban vigentes, y que la nueva ley permitía que siguieran en el cargo”, afirmó el abogado. “La transición de los jueces de paz de la alcaldía al Ministerio de Gobierno ha sido ineficiente y abusiva. Uno de los primeros errores e ilegalidades es que se reemplazaron a la gran mayoría de los jueces de paz cuyos períodos estaban vigentes, y que la nueva ley permitía que siguieran en el cargo”, afirmó el abogado.
Señalamientos de ilegalidades en el proceso
Según el jurista, existe un “subterfugio jurídico” que ha dejado en una situación de incertidumbre a numerosos jueces:
“Primero los desvinculan por parte del ministerio y luego los reemplazan por nuevos jueces comunitarios. Esto es ilegal porque la Ley 467 establece que los jueces actuales, seleccionados bajo la legislación anterior, deben permanecer en sus cargos”, sostuvo. “Primero los desvinculan por parte del ministerio y luego los reemplazan por nuevos jueces comunitarios. Esto es ilegal porque la Ley 467 establece que los jueces actuales, seleccionados bajo la legislación anterior, deben permanecer en sus cargos”, sostuvo.
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González también advirtió que la transición ha afectado el funcionamiento operativo de los juzgados comunitarios, ya que en muchos casos solo permanece el juez, sin personal de apoyo.
“Si usted va hoy a un juzgado comunitario, solamente va a encontrar al juez; no hay secretaría, ni oficiales mayores. Eso afecta directamente el acceso a la justicia”, señaló. “Si usted va hoy a un juzgado comunitario, solamente va a encontrar al juez; no hay secretaría, ni oficiales mayores. Eso afecta directamente el acceso a la justicia”, señaló.
Jueza denuncia vulneración de derechos y fuero
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Por su parte, la jueza de paz Vanessa Vergara denunció que su desvinculación viola lo establecido en la Ley 16, bajo la cual fue seleccionada mediante concurso público, así como las disposiciones transitorias de la Ley 467.
“Nosotros tuvimos que cumplir con requisitos estrictos para ser elegidos. Mi puesto en La Chorrera me lo gané por concurso en marzo de 2025, y el Municipio tenía conocimiento de mi fuero por embarazo”, explicó. “Nosotros tuvimos que cumplir con requisitos estrictos para ser elegidos. Mi puesto en La Chorrera me lo gané por concurso en marzo de 2025, y el Municipio tenía conocimiento de mi fuero por embarazo”, explicó.
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Vergara indicó que la nueva legislación establece claramente que los jueces nombrados bajo la ley anterior deben permanecer en sus cargos hasta el vencimiento de su período.
“El artículo 100 dice que tienen que respetar los puestos nombrados con la Ley 16. A mí me faltan nueve años de período y no me lo están respetando, ni mucho menos mi fuero”, enfatizó. “El artículo 100 dice que tienen que respetar los puestos nombrados con la Ley 16. A mí me faltan nueve años de período y no me lo están respetando, ni mucho menos mi fuero”, enfatizó.
Abogado cuestiona nombramientos sin concurso
Tanto el abogado como la jueza coincidieron en señalar que otra de las irregularidades es que los nuevos jueces de paz no habrían sido designados mediante concurso público ni debidamente capacitados, lo que también contravendría la normativa vigente.
“La nueva ley no deja sin efecto los nombramientos anteriores. Los jueces deben continuar hasta que su período culmine. Además, los nuevos jueces no fueron nombrados por concurso ni capacitados, lo cual es otra ilegalidad”, reiteró González.
La querella busca que se investiguen las responsabilidades administrativas y penales derivadas de este proceso de transición, que, según los denunciantes, debilita la institucionalidad y afecta la justicia comunitaria en Panamá.
