El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue imputado este miércoles por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, por un monto que asciende a 1.9 millones de dólares, y se le impusieron las medidas cautelares de detención domiciliaria e impedimento de salida del país.
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Defensa de Gaby Carrizo alegó fuero por Parlacen
De manera inicial, el equipo legal del exvicepresidente presentó una advertencia de inconstitucionalidad, argumentando que Carrizo ostenta la condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pese a que no ha sido juramentado, por lo que cuestionaron la competencia del tribunal para conocer el proceso.
Auditoría detectó incremento patrimonial, según la Fiscalía
La fiscal anticorrupción Adella Cedeño sustentó la solicitud de detención domiciliaria con base en el audito realizado por la Contraloría General de la República, el cual determinó un incremento patrimonial injustificado por B/.1,965,661.10.
El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para continuar la investigación, durante el cual se recabarán nuevos elementos probatorios.
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Defensa cuestiona informe de la Contraloría
Por su parte, Leonardo Paul Aparicio, miembro del equipo legal de Carrizo, solicitó una medida menos severa, consistente en notificación periódica, y cuestionó el informe de la Contraloría.
El abogado también indicó que el 15 de enero presentaron un informe de más de 2 mil fojas, pero que al día siguiente, el 16 de enero, la Contraloría dio por cerrado el audito.
Ambas partes apelan las medidas
Tanto el Ministerio Público como la defensa interpusieron recursos de apelación contra las medidas decretadas.
La audiencia de apelación fue programada para el 12 de febrero a las 8:30 a.m., en la Sala Tercera del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
Mientras tanto, José Gabriel Carrizo cumplirá la detención domiciliaria en su residencia ubicada en Costa del Este.
