La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez, imputó cargos a nueve personas por presuntos delitos contra la administración pública vinculados al caso de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
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Decisión del tribunal
Durante la audiencia realizada el martes 21 de abril, la juez explicó que los investigados acudieron voluntariamente a su primera citación, lo que demuestra disposición frente al proceso.
Además, indicó que las pruebas presentadas son “débiles” y carecen de sustento suficiente para justificar la imposición de medidas cautelares, sumado a que el riesgo procesal no fue debidamente fundamentado.
También aclaró que mantenerse en el domicilio es una obligación legal, y no una medida cautelar como lo planteó el Ministerio Público.
En la audiencia se formuló imputación:
- A seis personas por corrupción de servidores públicos, en la modalidad de cohecho
- A tres personas por peculado por extensión y corrupción de servidores públicos (cohecho)
Ministerio Público apelará
El Ministerio Público había solicitado medidas cautelares como:
- Reporte periódico mensual
- Restricción de domicilio
Argumentando riesgo para la comunidad (riesgo procesal 3). Para otros tres imputados, pidieron reporte dos veces al mes y la misma medida de domicilio.
Tras la decisión, la Fiscalía anunció un recurso de apelación. La audiencia para resolver la apelación fue programada para el próximo 6 de mayo, a las 8:30 a.m., en la Sala 5, ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
Origen del caso IFARHU
La investigación surge a partir de una auditoría preliminar que detectó múltiples irregularidades en la gestión del IFARHU, específicamente en la asignación de becas y auxilios económicos.