El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a cargo de la ministra Beatriz Carles, solicitó en sus primeros días de gestión, las auditorías pertinentes para corroborar los datos presentados en los informes y reuniones de transición con la administración anterior, las cuales han revelado inconsistencias administrativas y operativas a medida que se van realizando.
En este sentido, la administración de la ministra Beatriz Carles inició el proceso de descarte, chatarreo y desecho de acuerdo a las disposiciones legales del Ministerio de Economía y Finanza (MEF), con la finalidad de vaciar estas bodegas para finalizar los contratos de acuerdo a la ley, ahorrando al Estado panameño más de 30 mil dólares al mes en alquileres.
Otra de las inconsistencias relevantes determinadas a partir de las auditorías es que un gran porcentaje de la flota vehicular se encuentra inactiva. De los 329 vehículos del inventario a nivel nacional, se indica que 127 están en funcionamiento, pero los mismos presentan deterioro mecánico y de carrocería debido a colisiones, golpes, rayones, y a la actuación u omisión negligente del personal de transporte bajo la Dirección Administrativa durante el periodo auditado 2019 -2024.
En cuanto a los recursos humanos (planillas), se informa que, al revisar en detalle las funciones del personal en cada dirección y oficina regional, se detectó que había personal en planillas transitorias (165 personas) con contratos de seis y tres meses. Estos se rescindieron al 31 de julio de 2024 debido a dos factores importantes: presupuesto y funciones. Las auditorías de puestos y las revisiones presupuestarias se mantendrán a lo largo del año.
La ministra Beatriz Carles ordenó a los directores regionales y provinciales que realicen una evaluación de sus planillas por el alto porcentaje de funcionarios transitorios, muchos de los cuales no tienen funciones específicas dentro de la estructura.
También se refirió al funcionamiento de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), de los cuales algunos no cumplen con los horarios establecidos, tienen bajas matrículas o no cuentan con los espacios adecuados para la atención y la recreación de los niños y niñas.