La República de Panamá se ubica como el país con el cuarto parlamento más opaco de la región, indicó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana-Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, según los resultados del .
“En términos generales, el nivel de transparencia legislativa de la Asamblea Nacional de Panamá resulta deficitario, ya que obtiene una baja evaluación y a nivel regional se posiciona por debajo de la media”, señala el documento.
Entre los países evaluados en el Índice de Transparencia Legislativa 2020 se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, y el mismo arrojó como resultado una media regional de 39.6%, siendo Chile el país mejor evaluado con un puntaje de 59.6% y Venezuela el peor evaluado con un puntaje de 16.3%.
El estudio establece la evaluación en cuatro dimensiones tradicionales: Normatividad, Labor del Congreso, Presupuesto y Gestión Administrativa, y Participación Ciudadana.
En ese sentido, según la evaluación de cada dimensión, la Asamblea Nacional obtuvo los siguientes resultados:
- Dimensión Normativa: La Asamblea Nacional obtuvo la puntuación más baja de la región, con un 17.5%, principalmente por la ausencia de normativa básica de transparencia y probidad.
- Dimensión Presupuesto y Gestión Administrativa: La Asamblea Nacional también se encuentra entre los países con mayor ausencia de estructuras de transparencia administrativa, con un 11.8%, ocupando la posición del cuarto país más opaco entre 13 países.
- Dimensión Labor del Congreso: La Asamblea Nacional se encuentra sobre la media con una puntuación de 48.6%, y ocupa la posición de 6 entre 13 países.
- Dimensión de Participación Ciudadana: la Asamblea Nacional obtuvo un 50.0%, es la dimensión mejor evaluada, ligeramente por encima de la media, y ocupa la posición 6 entre 13 países.
Además, el documento indica que, la Asamblea Nacional tiene marco normativo débil ya que si bien existe una ley nacional de transparencia y acceso a la información y el Poder Legislativo es sujeto obligado, el mismo no cuenta con una regulación específica que se haga cargo.
Agrega existen vacíos regulatorios de importancia debido a que no se cuenta con un marco relativo a la gestión documental, datos abiertos, calidad de datos, registro de declaraciones de intereses y patrimonio, cabildeo o lobby, sobre información de los diputados y garantías para los medios de comunicación, entre otros ámbitos.
Asimismo el Índice de Transparencia Legislativa 2020 señala que hay amplias restricciones a la publicidad en el presupuesto y gestión administrativa, información como el gasto de las bancadas o grupos de legisladores, las que tampoco informan o dan a conocer sus propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal; además que no se han realizado auditorías externas o internas en el Congreso en los últimos dos años.
Desafíos de la Asamblea Nacional de Panamá
El Índice de Transparencia Legislativa 2020 específica que la Asamblea Nacional de Panamá enfrenta el desafío de la falta de liderazgo y solidaridad con la ciudadanía.
“Frente a los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia global de COVID19, la Asamblea Nacional no ha emitido hasta el momento una clara política pública de recuperación, especialmente económica y social, y con dimensión de integridad”, detalla.
De igual forma, se menciona una falta de agilidad o adaptabilidad, específicamente en cuanto a la respuesta a la crisis actual, la cual ha sido lenta y burocrática, marcada por disputas internas por intereses políticos.
“La Asamblea ha tomado un rol secundario en la toma de decisión nacional, cayendo casi en volverse irrelevante para la ciudadanía”.
Cabe mencionar que la medición para Panamá fue realizada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana-Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, cuya directora ejecutiva, Olga de Obaldía, expresó que "el reto más grande que enfrenta la Asamblea Nacional es doble: recuperar la confianza ciudadana lo que solo será posible con un cambio de gestión hacia la transparencia real. Implica el fin de esas estructuras opacas y manejo discrecional de fondos del siglo pasado y el sumarse a nuevos estándares de transparencia y rendición de cuentas de la era digital. La transparencia no es una dádiva y la ciudadanía cada vez exige más”.