El pago del Hospital Integrado Panamá Solidario fue refrendado este jueves 8 de julio por la Contraloría General de la República, así lo informó la entidad.
"Concluida la investigación penal, la Contraloría responsable y prudentemente refrenda el pago el 8 de julio de 2021, demostrando la capacidad de nuestro personal profesional y técnico que estuvo a cargo de la revisión Integral del Hospital Integrado Panamá Solidario garantizando que cuando un proyecto tiene el sello de la Contraloría es porque está bien hecho", señala la Contraloría en un comunicado.
Detalla que el Ministerio Público, luego de una exhaustiva investigación penal, determinó que no se cometió ningún delito contra la administración pública particularmente fraude en contrataciones, ni peculado y categóricamente se comprobó que los 160 modulares importados de Costa Rica no están en el hospital modular y que los módulos con que se construyó el hospital solidario son nuevos, de un total de 2,506 módulos nuevos importados al país desde China, según certificación de la Dirección de Aduanas.
La Contraloría añade que el 18 de marzo se instruyó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la construcción de un hospital para la atención de pacientes afectados por el coronavirus, el cual fue concluido el 16 de abril de 2020, en el tiempo solicitado y ha servido para atender a 1,580 pacientes desde su habilitación, hasta la fecha.
Explica que durante el proceso surgieron opiniones e información sobre supuestos actos delictivos, por lo que el el 21 de agosto de 2020 la Contraloría publicó en detalle el análisis de precios (sigue disponible en http://www.contraloria.gob.pa), e invitó a todos los ciudadanos a hacer observaciones previo al refrendo del contrato.
En tanto, la Procuraduría de la Administración ordenó el 31 de agosto de 2020, el cierre y archivo de la queja administrativa presentada contra el Hospital Modular Integrado.
“Contraloría analizó el proceso de contratación, a través del Departamento de Análisis de Costos de la Direccion Nacional de Ingeniería y después de encontrar que no existió violación alguna a los trámites legales y que el precio era correcto en el rango mínimo aceptable para la construcción en Panamá, el 3 de septiembre de 2020, refrendó en primera instancia el contrato, lo que permitió su uso para atender a los enfermos de COVID-19”, agrega.