El futuro de la fiscalización habitacional en Panamá se debate en la Asamblea Nacional con el análisis del Proyecto de Ley 212. Esta iniciativa busca regular el otorgamiento de permisos de construcción y establecer obligaciones estrictas para las promotoras que entreguen proyectos defectuosos, protegiendo así la inversión de los ciudadanos que adquieren una vivienda.
Proyecto de Ley 212: fiscalización y responsabilidad civil de promotores
La iniciativa surge tras reiteradas denuncias por vicios ocultos y deterioros prematuros en infraestructuras, especialmente en zonas como Arraiján, donde también se reportan fallas en plantas de aguas residuales y falta de servicios básicos.
Los vicios ocultos se refiere a aquellas fallas estructurales, de instalaciones o acabados que no se perciben al momento de la entrega y surgen por mala ejecución o materiales deficientes. Estos defectos pueden comprometer la seguridad, la habitabilidad y el valor del inmueble, como humedades, grietas o fallas.
El diputado proponente Lenín Ulate aclaró que la propuesta no busca frenar el desarrollo ni atacar a las promotoras, sino promover un crecimiento sostenible y responsable, con mayor control en los procesos de construcción. Subrayó además la importancia de fiscalizar a los funcionarios públicos que aprueban permisos y planos sin verificar que las obras se ajusten a lo autorizado.
Reacción del sector privado al proyecto de ley
Desde el sector privado, Sarita Hanono, presidenta de ACOBIR, manifestó su preocupación ante una posible sub-regulación que choque con los códigos Civil y Penal. Advirtió que la ley podría afectar a los promotores de interés preferencial al trasladarles costos que corresponden al Estado, como el acceso a servicios públicos, lo que podría agravar el déficit habitacional del país.
Hanono manifestó qué el gobierno debe trabajar de la mano de todos estos promotores que están sacando la cara para tratar de ayudar a las personas de bajos recursos para comprar su casa.