Un tribunal francés consideró el jueves que la firma certificadora alemana TUV es responsable civil en el escándalo de los implantes mamarios PIP, al estimar que esa empresa "faltó a sus obligaciones de control y vigilancia".
El tribunal de comercio de Tolón (sur) condenó a la empresa a indemnizar "el perjuicio de los importadores y de las víctimas", según el dictamen leído en la audiencia por el presidente de la instancia.
Esta decisión obliga a TUV a pagar 3.000 euros por víctima, hasta que se realicen evaluaciones individuales de cada una de ellas.
Seis distribuidores (un brasileño, un mexicano, un búlgaro, un italiano, un sirio y un rumano) reclaman a la firma alemana 28 millones de euros por daños y perjuicios, en el escándalo de prótesis mamarias fraudulentas de la empresa francesa PIP, que la empresa alemana estaba encargada de certificar.
Por su parte, más de 1.600 mujeres portadoras de esas prótesis, entre ellas muchas latinoamericanas, pidieron una indemnización de 16.000 euros cada una, lo que equivale a un total de 53 millones de euros.
Algunas demandantes y un abogado de Bogotá tenían previsto viajar a Tolón para esperar la decisión de la justicia, indicó a la AFP Laurent Gaudon, abogado de varias víctimas.
Las víctimas estiman que el fraude no se hubiera producido si no hubiese habido fallas reiteradas en las inspecciones realizadas por el gigante alemán del control de calidad.
Durante el juicio, los abogados de los distribuidores de prótesis y de las víctimas denunciaron que, pese a sus "extensos poderes", TUV no verificó nunca los implantes, limitándose a un control de los documentos.
Por su parte, la abogada de la empresa, Cécile Derycke alegó que "no era TUV la que ponía la marca CE en las prótesis", recalcando que la misión de la firma alemana era controlar el procedimiento de fabricación y no las prótesis.
