Colombia: Aprueban proyecto de fuero penal militar

La aprobación de la ley en las dos cámaras "es un retroceso", sostuvo telefónicamente el congresista de izquierda Iván Cepeda, uno de los más aguerridos opositores al polémico proyecto.

El miércoles de la semana pasada, el Senado había votado favorablemente los 100 artículos del texto. En la jornada, la Cámara de Representantes hizo lo propio durante más de 10 horas tras debatir y votar el articulado. La votación fue de 103 sufragios a favor contra seis en contra.

El presidente Juan Manuel Santos no reaccionó de inmediato a la aprobación de la ley.

La ley establece, entre otras muchas cosas, cuáles casos serán conocidos en el futuro por la justicia militar y cuáles por la justicia ordinaria o civil.

Apenas se conoció el visto bueno a todo el articulado, Human Rights Watch dijo que "la aprobación en Colombia de la ley estatutaria para reformar el sistema de justicia penal militar representa un serio retroceso en materia de derechos humanos".

Según su director para las Américas, José Miguel Vivanco, "la ley genera el grave riesgo de que los asesinatos cometidos por militares, conocidos como `falsos positivos', sean transferidos de los fiscales de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. Asimismo, la ley autoriza a la Fuerza Pública a usar fuerza letal contra civiles en una peligrosamente amplia gama de circunstancias".

Vivanco agregó en un comunicado difundido a través de un correo electrónico que "la ley aprobada hoy (lunes) tiene muchas lagunas jurídicas que permitirán que los militares responsables por violaciones de derechos humanos queden sustraídos de la persecución penal" y "los asesinatos a sangre fría cometidos por militares, conocidos como `falsos positivos', podrían transferirse de la justicia ordinaria a la justicia penal militar, donde prácticamente no existen posibilidades de que los culpables rindan cuentas".

Avalado el proyecto, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, expresó su complacencia en la propia sede del Congreso por lo votado en las dos cámaras y dijo que "este es un momento... importante para Colombia; aquí lo que se ha hecho, ni más ni menos, es darle un mensaje de respaldo, un mensaje de aprecio, un reconocimiento, a los soldados del ejército, de la armada, de la fuerza aérea y a los policías de Colombia".

Según el titular de la cartera de Defensa, la de la jornada "es una buena noticia" para los colombianos porque son ellos "los que se benefician con la aprobación de estas reglas, reglas claras, reglas que obligan a la fuerza pública a tener una serie de consideraciones y parámetros a la hora de emplear la fuerza legítima del Estado".

En tanto, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, defendió la decisión del Congreso con el argumento de que "si algún proyecto ha tenido diálogo, reflexión y se han incorporado las inquietudes por ejemplo de algunos voceros de algunos organismos internacionales, ha sido el proyecto de ley estatutaria del fuero penal militar".

En el Legislativo las reacciones no se hicieron esperar y fueron disímiles.

"Esto fue una pésima decisión del Congreso; es una pésima decisión siguiendo las orientaciones del presidente Santos", indicó vía telefónica el senador Jorge Enrique Robledo, del izquierdista Polo Democrático Alternativo.

"Aquí lo que se abre es el camino para que aumente la impunidad en Colombia, y no es bueno que haya impunidad con la vida de los colombianos", agregó Robledo, quien además recordó que Naciones Unidas había hecho constantes reparos públicos a la ley que se aprobó el lunes.

"No debe caber duda a la opinión pública nacional e internacional acerca de que estas formas de violación de derechos humanos (como ejecuciones extrajudiciales), estos crímenes de lesa humanidad, terminarán en juzgados militares", enfatizó el congresista Iván Cepeda.

Pero para el senador oficialista Roy Barreras, presidente del Congreso, con la aprobación del proyecto de ley "hemos cumplido con el compromiso de devolverles la seguridad jurídica a nuestras fuerzas militares".

Según dijo Barreras por teléfono, "los `falsos positivos' (o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares) son crímenes comunes, son homicidios en persona protegida, homicidios agravados que irán a la justicia penal ordinaria".

Fue una referencia directa a uno de los temas más polémicos: las ejecuciones extrajudiciales, cuya definición no existe en la legislación colombiana. Una definición está en el texto del fuero y ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales, que consideran que deja la puerta abierta para que tales crímenes queden bajo la justicia castrense, de la que se critica es ineficaz y favorable a los oficiales de alto rango.

Soacha es una barriada al sur de Bogotá de donde eran oriundos al menos 11 hombres, sin relación entre ellos, algunos de los cuales aparecieron a mediados de 2008 en una fosa común del noreste del país como supuestos rebeldes y criminales abatidos en combates con la fuerza pública.

El caso de Soacha desembocó en una purga en las fuerzas militares en octubre del 2008, en la que fueron dados de baja o pasados a retiro 27 uniformados, entre ellos tres generales del ejército.

Según el senador Juan Carlos Vélez, el miércoles habrá una conciliación entre las dos cámaras con el fin de ajustar aquellos artículos en los que las cámaras alta y baja no se pusieron totalmente de acuerdo en su redacción.

Vélez, del Partido Social de Unidad Nacional, o Partido de la U, y coordinador de ponentes del proyecto en el Senado, destacó como benéfico del proyecto aprobado que los actos de guerra serán conocidos por tribunales castrenses; que los militares podrán hacerles frente a las bandas criminales o aquellas que se dedican al narcotráfico y el paramilitarismo; que en el futuro las responsabilidades de los delitos cometidos por militares no recaerán en sus superiores y que, en consecuencia, no se aplicará la figura del autor mediato.

El Ministerio de Defensa había presentado el proyecto en marzo pasado.

El ministro Pinzón había dicho el miércoles, antes de la votación del primer bloque de artículos sobre el fuero, que "casos como los de Soacha no tendrán en ningún caso espacio en la justicia penal militar". Las cifras más recientes de la Fiscalía, actualizadas a febrero pasado, dan cuenta de que al menos 3.000 colombianos fueron ejecutados extrajudicialmente, sobre todo en los últimos cinco años, aunque hay registros similares desde finales de la década de 1980. Por esos hechos más de 4.600 uniformados y colaboradores civiles han sido procesados y, en muchos casos, condenados.

FUENTE: Agencia AP