Managua, ( EFE ). Los socios de la empresa Internacional Investments and Financial Services, Inc., con sede en Panamá, han sido acusados de estafar a 18 personas naturales o jurídicas, incluidas a unas monjas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, por un monto que supera los cuatro millones de dólares, informó hoy el Ministerio Público.
El total de las supuestas estafas suman 4,01 millones y no seis millones de dólares -como se había calculado en un principio- y los afectados son al menos 18 personas naturales o jurídicas, dijo a periodistas la fiscal adjunta Ana Julia Guido.
La Fiscalía de Nicaragua acusó hace más de un mes a los directivos y socios de esa empresa, los nicaragüenses Álvaro Montealegre Rivas, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga por los delitos de ofrecimiento fraudulento y estafa agravada en perjuicio de unas religiosas.
Los tres señalados también interpusieron denuncias en contra de ellos mismos, "es decir, todos contra todos", indicó Guido.
Según la fiscal adjunta, esa firma ofrecía "certificados de emisión bajo el argumento de mostrarse como una empresa sólida, de prestigio, con respaldo de capital extranjero" para estafar a sus víctimas.
"No se sabe cuál es el destino (del dinero), todos están mezclados, hay diferentes intereses, todos se echan la culpa y se declaran inocentes, pero de inocentes no tienen nada, porque tenían el propósito de delinquir, sabían que no tenían la posibilidad de pagar ese dinero a la gente", recalcó la fiscal.
Según la Fiscalía, que basa su acusación en una denuncia de las monjas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, la empresa Internacional Investments and Financial Services estafó a las religiosas al no devolverles 526.433 dólares que habían colocado en certificados a plazo fijo.
El juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto del Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó el arresto domiciliario con custodia, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de cuentas, acciones y títulos de valores de los tres acusados.
En tanto, Montealegre Rivas también enfrenta 73 denuncias administrativas de extrabajadores del centro de llamadas Almori, que cerró tras el escándalo y del cual era propietario.
FUENTE: Agencia EFE
