Agentes federales interceptaron al acaudalado empresario iraní en un aeropuerto estadounidense y después de interrogarlo lo acusaron de exportación ilegal a su país de equipos estadounidenses para satélites.
Seyed Amin Ghorashi Sarvestani se declaró culpable poco después, pero nuevas circunstancias lo han llevado a cuestionar su sentencia a 30 meses de prisión.
Desde su admisión de culpa, el gobierno federal ha aprobado la exportación a Irán de los mismos productos por los que lo condenaron, argumentan sus abogados. Después los fiscales federales en Nueva York dijeron a un juez tras la audiencia de sentencia que habían exagerado por equivocación la capacidad de los equipos. El juez no ha intervenido para modificar la sentencia.
El caso ilustra la complejidad de las leyes en las cuales las acciones proscritas un año pueden ser legales al año siguiente y en los que una prioridad del gobierno, controlar las exportaciones en nombre de la seguridad nacional, puede chocar con otra, en este caso, promover la libertad de internet para los ciudadanos iraníes.
"No soy un activista ni tengo motivaciones políticas", escribió Sarvestani desde la prisión en un correo electrónico a The Associated Press en que explicó su negocio de suministrar comunicaciones de internet vía satélite a Irán. "Sencillamente soy un ciudadano de la Tierra que considera que internet es un verdadero milagro en la historia de la humanidad".
El Departamento de Justicia ha intensificado el cumplimiento de las restricciones a la exportación en los últimos años. Entre otros, ha logrado condenas por la exportación ilegal de amplificadores de microondas a China, baterías de misiles defensivos a Irán y motores para aviones militares a Venezuela. Aunque Estados Unidos impone restricciones estrictas al comercio con Irán, la complicación es que tanto las regulaciones como los intereses de política exterior pueden cambiar, explicó el abogado Daniel Collins, experto en control de las exportaciones y exfiscal federal.
"Saber lo que se puede y lo que no se puede hacer no es tan claro como podría suponerse", afirmó.
En el caso de Sarvestani, no hay duda de que violó la ley, aunque sostuvo en una entrevista en la prisión que se debió más a negligencia que a intención.
La fiscalía dice que el empresario millonario conocía la ley e intencionalmente la trasgredió por medio de sus negocios con compañías interrelacionadas en los Emiratos Arabes Unidos. Dicen que a lo largo de varios años se confabuló para despachar los equipos por medio de otras naciones para ocultar que estaban destinados a Irán. Está preso desde que fue arrestado en 2012 en el aeropuerto internacional Dulles de Washington.
FUENTE: AP