La reunión más importante del año para los 205 miembros del Comité Central del gobernante Partido Comunista de China, que inicia el lunes, se centrará en cómo gobernar el país de conformidad con la ley.
La meta oficial ha alimentado las esperanzas de que el partido pudiese tratar de apegarse a la letra y el espíritu de la Constitución, pero algunos expertos legales y analistas políticos creen que los líderes del país tienen la intención de expandir su poder, no limitarlo.
Es posible que durante el pleno de cuatro días, haya algunos esfuerzos para desalentar la corrupción rampante en las cortes de bajo nivel, aseguran, pero el objetivo principal será la construcción de un sistema legal que proteja y refuerce la dominación política del partido.
"No hay absolutamente ninguna posibilidad de que la sesión plenaria logre apoyo a una reforma constitucional que imponga controles significativos al poder del partido", dijo Carl Minzner, profesor de derecho y experto en el sistema legal chino en la Escuela Fordham de Leyes en Nueva York.
Como es habitual, la sesión plenaria de este año se realizará en un cónclave en Beijing, y sus decisiones —que se espera se anunciarán a la conclusión— establecerán el marco normativo amplio para el año próximo.
Los medios de comunicación controlados por el Partido ya se están preparando para tratar de mostrar que habrá grandes avances legales, pero algunos observadores creen que el Partido continuará lo que ha hecho desde que el presidente Xi Jinping llegó al poder hace casi dos años: reforzar los medios para suprimir la crítica y la disidencia.
"Los acontecimientos de los últimos años bajo el liderazgo de Xi han mostrado un profundo desprecio por la ley como herramienta para resolver reclamos de manera imparcial", dijo Maya Wang, investigador de Human Rights Watch.
"Las detenciones y los juicios farsa de activistas... muestran cómo el sistema legal de China ha seguido siendo un instrumento de poder del Partido", agregó.
Sin embargo, el Partido buscará cambios que traigan un poco de justicia a nivel local, donde la molestia generada por la falta de justicia ha provocado estallidos de violencia.
La semana pasada, una disputa de tierras en una ciudad del suroeste dejó dos aldeanos y seis albañiles muertos después que algunos residentes usaron sus herramientas agrícolas para luchar contra lo que interpretaron como una incautación injusta de sus tierras para un proyecto comercial respaldado por el gobierno. Los aldeanos dijeron a los medios estatales que no tienen un sitio legal al cual acudir en busca de reparación.
Con la esperanza de mejorar la justicia en el ámbito local, se espera que la sesión plenaria otorgue a los tribunales provinciales facultades de supervisión sobre sus pares a nivel de condado en asuntos como la financiación y los nombramientos, evitando que los tribunales inferiores sean influidos por las autoridades locales.