BEIJING Internacionales -  14 de diciembre 2015 - 10:26hs

Enjuician a abogado de derechos civiles en China

La policía se enfrentó a manifestantes y periodistas en un tribunal de Beijing el lunes mientras el destacado abogado de derechos humanos Pu Zhiqiang era juzgado acusado de causar problemas y avivar odio étnico por sus críticas al gobernante Partido Comunista en comentarios difundidos en internet.

Manifestantes chinos y grupos extranjeros de derechos dijeron que el proceso contra Pu en la Segunda Corte Popular Intermedia de Beijing equivale a persecución política, y gobiernos foráneos incluyendo Estados Unidos pidieron su liberación. El juicio concluyó alrededor del mediodía, y el abogado de Pu, Shang Baojun, dijo que el veredicto y la sentencia se conocerán más tarde.

"Pu Zhiqiang es un abogado con conciencia", dijo el activista Yang Qiuyu en una breve entrevista en el exterior de la sala mientras un policía trataba de agarrarlo. "Por esto ahora está arrestado. Lo apoyamos, y esto significa que también estamos defendiendo nuestros derechos".

Pu ha sido muy activo en la defensa de la libertad de expresión y representó al artista disidente Ai Weiwei en un caso de evasión fiscal que, según sus seguidores, tuvo trasfondo político. También fue clave en los esfuerzos que terminaron en la abolición del sistema de campos de trabajo, que permitían a la policía encerrar a la gente durante un máximo de cuatro años sin necesidad de juicio.

Unos 50 manifestantes se habían reunido ante el tribunal, junto a un par de docenas de periodistas y una docena de diplomáticos occidentales, pero ninguno de ellos pudo entrar a la sala. Agentes y agentes de seguridad sin uniforme con pegatinas de caras sonrientes amarillas empujaron a periodistas y manifestantes lejos de la entrada de la corte. Al menos uno de los manifestantes cayó al suelo y se llevaron a otros.

Al menos un periodista extranjero fue empujado también al suelo, dijo el Club de Corresponsales Extranjeros de China en una carta abierta para quejarse sobre el trato recibido.

Las acusaciones contra Pu están relacionadas con una serie de mensajes difundidos en Sina Weibo, una red social china parecida a Twitter. En esos contenidos se ponen en duda las políticas del gobernante Partido Comunista hacia las minorías étnicas tibetanas y uigures, y se ridiculiza a personalidades políticas.

El otro letrado que representa a Pu, Mo Shaoping, dijo que los fiscales no demostraron que ninguno de los comentarios publicados en internet provocara problemas o incitara a tensiones étnicas.

"Esto es realmente un caso de libertad de expresión, en el que no se han demostrado daños a nadie", dijo Mo en una entrevista tras el juicio.

Los abogados de Pu solicitaron su libertad bajo fianza, argumentando que no supone un peligro para la sociedad y que tiene problemas médicos que requieren atención.

Desde su ascenso al poder en 2013, el presidente Xi Jinping ha encabezado la represión contra activistas civiles, abogados de derechos humanos y la libertad de expresión en internet, en acciones dirigidas a eliminar cualquier posible amenaza al control político que ejerce el Partido Comunista.

El abogado fue detenido poco después de asistir, en mayo de 2014, a una reunión en la que se trató la conmemoración de los 25 años de la matanza de la plaza de Tiananmen, en medio del rechazo de las autoridades a la celebración de cualquier evento público relacionado con esos hechos.

Cientos o posiblemente miles de manifestantes fueron asesinados entonces, en un caso que sigue siendo un tema tabú en China.

Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional sobre China, describió el juicio contra Pu como "un acto de persecución política".

"Está siendo castigado solo por enfrentar al gobierno chino en la valiente defensa que ha hecho de los derechos humanos", agregó.

Amnistía Internacional afirma que en el caso contra Pu las autoridades chinas han incurrido en "reiteradas irregularidades de procedimiento", como una prolongada detención previa al comienzo del juicio, falta de atención médica adecuada y la negativa de los fiscales a informar de las pruebas adversas a los abogados que lo defienden.