La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó este jueves una audiencia por el supuesto trabajo esclavo y forzado de empleados de la Hacienda Brasil Verde, ubicada en el norte de la localidad de Pará.
El caso se remonta a los años 1989, 1993, 1997 y 2000, cuando las autoridades estatales realizaron varias inspecciones a la hacienda, donde establecieron que había "algunas fallas" e "irregularidades" laborales.
Según la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de que el Estado de Brasil tenía conocimiento de trabajo esclavo, no adoptó medidas razonables de prevención y respuesta, ni dio a las víctimas un mecanismo judicial efectivo para la protección de sus derechos.
En la audiencia, el testigo Leonardo Sakamoto expresó a los jueces que los empleados no podían salir de su lugar de trabajo, recibían amenazas de muerte, no les pagaban un salario decente y vivían en malas condiciones de vivienda, alimentación y salud.
"Los coyotes (traficantes de personas) buscaban a los peones en municipios muy pobres, los engañaban, con buen dinero y con condiciones de trabajo. Esta situación de vulnerabilidad permite que se perpetúe el crimen. Esto todavía sucede porque la vigilancia por sí sola no es suficiente", afirmó Sakamoto, quien es periodista.
Sakamoto añadió que, según datos de la ONG Walk Free, en Brasil el número de esclavos rescatados desde 1995 hasta 2002 es de 50.000.
Por su parte, la también testigo Ana Paula de Souza denunció que los empleados eran vigilados por asesinos a sueldo para que no salieran de su lugar de trabajo y que tanto el jefe de la finca como los "coyotes" los trataban como si fueran "una cosa o una mercadería".
El perfil de las personas que sufrían de este tipo de violencia eran en su mayoría hombres de entre 18 y 44 años, analfabetos que llegaban a trabajar en zonas agropecuarias, construcciones, maquilas del área rural o urbana.
Según datos citados por De Souza, entre el 2002 y el 2008 la cantidad de denuncias por trabajo esclavo en todo Brasil era de 130 al año, entre 2009 y 2010 fueron 118 denuncias, mientras que del año 2011 al 2015 la cifra bajó a 34.
La directora en Brasil del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y representante de las presuntas víctimas, Beatriz Affonso, dijo a Efe que tiene "la esperanza de que este caso ante al corte haga la jurisprudencia necesaria para que víctimas de esclavitud en otros países puedan tener sus derechos garantizados".
"Se trata de situaciones donde los derechos son violados de formas colectivas. Con este caso buscamos abrir un nuevo contenido de violaciones que tienen características tan antiguas y que todavía desafortunadamente están presentes por tema de desigualdad", manifestó Affonso.
El representante del Estado brasileño, Boni Soares, explicó a Efe que reconoce públicamente la existencia de trabajo esclavo y que, para combatirlo, su país "ha adoptado políticas de prevención y protección ante estas situaciones".
"Las autoridades trabajan todos los días para combatir la explotación de trabajo humano, pero aquí lo que tenemos es un caso específico y, sobre eso, el Estado brasileño está seguro de que no hay pruebas de que ocurrieron situaciones de esclavitud, servidumbre ni trabajo forzado en la Hacienda Brasil Verde después del año 1998, cuando el Estado reconoce la jurisdicción de la corte", dijo Soares.
En Brasil la esclavitud es un delito que se castiga con penas de dos a ocho años de cárcel.
La CIDH también acusa a Brasil por la desaparición de los adolescentes Iron Canuto y Luis Ferreire en la hacienda, la cual fue denunciada ante las autoridades, sin que se conozca su paradero.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, finalizará este viernes la audiencia por este caso con los alegatos finales de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado.
FUENTE: EFE