Unas trece personas (10 mujeres y 3 hombres) que participaban en una red de corrupción a lo interno del Sistema Penitenciario fueron detenidas, informaron este miércoles autoridades del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público en una conferencia de prensa conjunta.
Entre las ilegalidades detectadas durante la investigación están alteración de fallos, falsificación de órdenes de liberación y manipulación de traslados de privados de libertad.
Las detenciones se dieron tras diligencias de allanamiento realizadas en el Centro Penitenciario La Joya, La Joyita, Centro Femenino de Rehabilitación, la Cárcel Nueva Esperanza de Colón así como en residencias y locales privados. Hay funcionarios de la Dirección del Sistema Penitenciario (4), exfuncionarios de la entidad (3), privados de libertad (2) y particulares implicados (4).
La Procuradora General de la Nación Kenia Porcell dijo que el modus operandi consistía en solicitar dinero a cambio de alteración de información de los privados de libertad contenida en la base de datos Sistema Penitenciario para obtener libertades, y para traslados a otros centros. Una familia fue estafada hasta por 70 mil dólares, con la promesa de liberación de un recluso.
Según detalló el Fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar, la denominada "Operación Reclusión" inició a raíz de una denuncia presentada el 4 de diciembre de 2015 por el entonces director general del Sistema Penitenciario Gabriel Pinzón, sobre hechos que se estaban dando en cárceles y con personal de la entidad, cuyas acciones se concentraban en centros penales de las provincias de Panamá y Colón.
Aguilar dijo que también se dieron actos de corrupción relacionados a la conmutación de penas.
Por su parte, el Ministro de Gobierno Milton Henríquez adelantó que "pudiera haber más detenciones en las siguientes horas, así mismo otras investigaciones en curso pudieran llevar a la identificación y captura de otros nudos o focos de corrupción dentro del Sistema Penitenciario", y reiteró la disposición de la entidad de seguir cooperando con el Ministerio Público.
FUENTE: RI