La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central aspira a que en septiembre próximo sea firmado en Costa Rica un decreto que dará vida a un mecanismo de consulta con los pueblos indígenas, fruto de un proceso de diálogo iniciado hace más de año y medio.
Se trata del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, que el organismo mundial asegura marcará las reglas del juego para asegurar un diálogo respetuoso entre el Gobierno costarricense y las diversas etnias indígenas del país, que representan el 2,4 % de la población, de acuerdo a los datos oficiales.
El mecanismo es una estructura del Estado que permite ese diálogo necesario con los indígenas cuando se trata de proyectos que pueden tener un impacto sobre sus derechos, explicó en una entrevista con Efe Sara Nuero, la Oficial de Derechos Humanos de la oficina regional para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en la capital de Panamá.
Para su diseño se han desarrollado desde inicios de 2016, con la asesoría de la ONU, extensas negociaciones entre el Ejecutivo y una amplia participación en los 24 territorios indígenas de Costa Rica, afirmó Nuero.
"Estamos en la etapa final" y la expectativa es que el decreto que crea el mecanismo pueda ser firmado "en septiembre de este año, el mes próximo", por el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, en un segundo encuentro nacional con los pueblos indígenas, dijo Nuero.
La primera de estas citas se llevó a cabo en mayo pasado, cuando se presentó un borrador del decreto "que los delegados de los 24 territorios indígenas solicitaron" les fuera entregado "para que fuese aprobado por mayoría en sus asambleas".
El mecanismo servirá para regular cómo se aplica el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas, que son los "instrumentos clave" para la defensa de los derechos de los pueblos originarios, dijo la alta funcionaria de la ONU.
Estos instrumentos internacionales establecen que los pueblos originarios "son los dueños de los territorios, lo que no niega que el Estado pueda hacer uso de esos recursos, pero que eso se debe coordinar con ellos y deben obtener beneficio", explicó Nuero.
El mecanismo que se ha desarrollado en Costa Rica servirá en las consultas para cuestiones administrativas, como son las políticas públicas en educación, salud, de vivienda, entre otros, y proyectos de desarrollo, materia esta última foco de los principales conflictos con los pueblos indígenas en la región.
Y precisamente la génesis de esta iniciativa devino del conflicto por la construcción en el sur de Costa Rica de la hidroeléctrica El Diquís, un proyecto de 2.100 millones de dólares a cargo del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aseveró Nuero.
El rechazo de los indígenas de la zona al proyecto, que permanece estancado desde hace unos 6 años, provocó una visita al país en el 2011 del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y de allí la iniciativa de la consulta.
La creación del mecanismo "ha sido un proceso muy largo" y "ha gozado de bastante apoyo entre los pueblos indígenas", valoró la alta funcionaria, que reconoció que este tipo de iniciativas siempre encuentra alguna resistencia, en este caso marginal.
Nuero fue enfática al resaltar el "gran liderazgo del Ejecutivo costarricense", que "ha ido generando un proceso de confianza, y eso es clave".
"Los pueblos indígenas por lo general tienen una gran desconfianza en las instituciones del Estado por una tradición en la que han sido siempre la parte más vulnerable, con esa violación sistemática a sus derechos", añadió.
La iniciativa del Mecanismo General de Consultas fue valorada positivamente por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica el pasado miércoles, cuando en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas denunció que el país mantiene una deuda "histórica" con esta población porque "sigue sin disfrutar el goce pleno de sus derechos".
FUENTE: EFE