Este martes se realiza en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior una audiencia preliminar contra exfuncionarios y jurados de conciencia del Órgano Judicial sindicados por la supuesta comisión del delito contra la administración pública.
La investigación por este caso inició en 2015 tras una denuncia del entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, sobre una organización que se dedicaba a manipular expedientes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
De los 42 imputados por el delito de servidores públicos, 19 son exfuncionarios judiciales y 23 son jurados de conciencia, solo 34 estaban presentes y los otros 8 fueron dados como notificados por lo cual se procedió con el desarrollo de la audiencia preliminar.
Estas personas investigadas fueron vinculadas a una red que cobraba dinero a cambio de otorgar libertades a procesados con cuantiosas sumas de dinero, para que se tramitaran y cambiaran las decisiones de los procesos a su favor.
Durante la diligencia también se presentaron inconvenientes debido a la ausencia de de dos abogados, pero que fueron suplantados por defensores de oficio, de los cuales una juristas sustentó que no podía ejercer la labor porque se le había asignado la defensa tanto de conductores como de jurados de conciencia, sin embargo los jurados acusan a los funcionarios de ser los responsables de hacerle llegar las coimas, por la suma de 150 a 300 dólares, cuando los iban a buscar para las audiencias preliminares. De acuerdo con la abogada esta situación entre ambas partes representa una contradicción para su defensa.
Tras la sustentación se determinó que la abogada solo se encargará de los conductores, mientras que otro jurista asignado por el Estado tomará la defensa de los jurados de conciencia durante el proceso judicial.
La fiscalía solicitó el sobreseimiento para 13 de los implicados en la investigación, mientras que los abogados defensores solicitaron que se hiciera un proceso abreviado, sin embargo la jueza Yamileth Robles manifestó que no es posible debido a la ausencia de algunos investigados. La petición de la fiscalía no ha sido respondida por Robles.
Por su parte, la abogada Nicole Davis, representante del juez Humberto López Correa señaló que tienen en curso un incidente de controversia para que su cliente sea procesado por medio del Tribunal de Justicia, toda vez en el proceso actual no hay competencia para juzgarlo, porque le caso lo lleva una juez igual a López Correa.
Benito Mojica, abogado de otra implicada pidió el sobreseimiento definitivo de su defendida debido a que solo fue suplente y no alcanzó a ser jurado, por lo cual no pudo votar en los juicios.
FUENTE: Catherine Perea
