Recomiendan al Gobierno Nacional información transparente y auditoríasa ejecución presupuestaria durante la pandemia

Nimay González

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, emitió este miércoles una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional para garantizar el uso transparente de los fondos durante el estado de emergencia nacional declarado por la pandemia del coronavirus.

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A través de un comunicado advierte sobre posibles riesgos de corrupción y oportunismo en el uso de los recursos. Detalla que mediante la Resolución de Gabinete No.18 del 31 de marzo de 2020, se estableció la suma total autorizada para las contrataciones directas en B/.427 millones, realizables en 180 días, a lo cual se suma la inyección del flujo adquirido con la ayuda a la banca de B/.1,200 millones, la venta de bonos estatales en el mercado internacional por B/.1,500 millones la última semana de marzo, la autorización del uso del fondo de ahorro nacional de B/.1,000 millones y cuantiosas donaciones internacionales y nacionales.

“Frente a la magnitud y naturaleza del uso de estos fondos públicos —precisamente por la excepción de controles y el reto de atender con efectividad las necesidades creadas por la crisis, dados los niveles de desigualdad e informalidad económica que caracterizan a nuestra población— se abren riesgos severos de corrupción y oportunismo en el uso de los recursos, entre otros: colusión de intereses económicos, abusos de precios, politización de la entrega de recursos, con consecuencias sociales, de salud y económicas aún más nefastas”, indica la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Ante esto, señala las siguientes recomendaciones:

  • El establecimiento de un portal digital donde se centralice y comparta toda la información actualizada día a día, de la ejecución presupuestaria de todos los fondos destinados a la emergencia, compras y contratos directos otorgados, las donaciones nacionales e internacionales recibidas, su uso y demás información relevante, con el mayor detalle desagregado posible.
  • Que la Contraloría General de la República, además de refrendar las compras y contratos aplicando estrictamente la Guía de Fiscalización para la Emergencia, active mecanismos de auditoría en tiempo real para los procesos de contratación y compras públicas, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de los recursos de los que dispone el Ejecutivo. Igualmente que los contratos contengan cláusulas anticorrupción y rigurosas sanciones administrativas y penales a los infractores.
  • Que en las compras y contrataciones directas la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) active mecanismos antimonopolio y de fomento de la competencia entre proveedores, con procesos abreviados, para evitar colusión entre actores económicos privados y públicos, o prácticas que resulten en la especulación de los precios. Cuando se den estos fenómenos en licitaciones públicas, que el Ministerio Público actúe con eficacia y rapidez ante delitos tipificados.
  • Que haya rendición de cuentas y canales de denuncias, enfatizando que la emergencia no es el momento para relajar los controles anticorrupción, además de que la ciudadanía puede ayudar a que los recursos y donaciones destinados a atender la emergencia sanitaria no sean desviados por la corrupción a través de una línea de denuncia dedicada a tal fin.

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