Este martes 8 de septiembre entró en vigencia la Ley 153 de 8 de mayo de 2020 , que reforma el texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública.
La ley fue sancionada el pasado 8 de mayo por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Contiene 77 artículos entre modificaciones y artículos nuevos, mediante los cuales se actualiza el mecanismo de rendición de cuentas.
En el artículo 12, se establecen las limitantes para poder contratar con entidades estatales como estar moroso por el pago de multas por incumplimientos de contratos, haber intervenido en la preparación de la adjudicación y haber sido condenadas en Panamá a la pena accesora de inhabilitación para ejercer funciones públicas, así como sanción de inhabilitación para contratar con el Estado.
Las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, entre otros, estarán inhabilitadas por cinco años para contratar, mientras que quien se acoja a acuerdos de pena por los delitos establecidos, solo estarán inhabilitados por un plazo de tres años.
Incluye la promoción de empresas nacionales y locales en los actos de selección de contratista para la construcción de obras que no sobrepasen los 5 millones de dólares.
