El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Jorge Quintero, dio a conocer que hay al menos 119 colegios particulares con “cláusulas abusivas” en sus contratos.
Según Quintero, a la Acodeco han llegado denuncias por disposiciones que aumentan significativamente el costo de la matrícula pese a que la modalidad de estudio no ha variado desde el 2020, cuando se lograron acuerdos, así como disposiciones que indican que si un padre de familia acude a la Acodeco, que es su derecho, no puedes ser acudiente del estudiante.
Calificó como una “iniciativa con argumentos viables y no tan viables”, el proyecto de Ley 508 que regula el porcentaje de descuentos a las escuelas y universidades particulares, si la modalidad de enseñanza es virtual, semipresencial y presencial.
Considera no viable la exclusión de colegios con anualidades que superan los cuatro mil dólares; así como tratar con la misma vara a todos los colegios, dado que no todos los colegios tienen la misma capacidad económica.
Sin embargo, cuestionó que el gremio de colegios particulares, con quienes habían logrado al menos 300 acuerdos en el 2020, decidieron desatender estos arreglos y aumentar las matrículas este año aunque nada haya cambiado.
“No es el mismo contrato, no es igual lo virtual que lo presencial, por lo tanto no puede costar lo mismo por más justificación que se dé… los colegios que han incluido cláusulas abusivas en sus contratos, son los que cobran un poco más, los más caros”, agregó.
Perspectiva del sector privado versus diputados y padres de familia Para la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa), "este proyecto viola la seguridad jurídica, el derecho a la libre empresa y otras leyes que rigen cómo funcionan las universidades".
“Por todo este año hemos hecho descuentos y planes de pago y la morosidad por parte del estudiantado es alta, cuando te acercas a un banco, te revisa tu liquidez, morosidad y evalúa si eres sujeto de crédito y no es sostenible", sostiene la Auppa.
Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió vetar la iniciativa legislativa.
Respecto a la justificación del sector, que habla de las inversiones que han tenido que hacer para adaptarse, Quintero señaló que “el padre de familia también ha tenido que adecuar el internet, comprar aparatos electrónicos, y en algunos casos contratar a personas externas para que supervisen a sus hijos. Aunado a esto, el aumento del consumo de luz”.
La diputada Corina Cano explicó que esto es solo regula los colegios particulares mientras exista emergencia nacional. “No es por siempre ni para siempre”, dijo y aclaró que no se trata de un descuento sino un ajuste, y que hubo errores en los términos.
Por su parte, los padres de familia esperan la sanción del proyecto lo más pronto posible.
FUENTE: Linda Batista