El Consejo de Gabinete autorizó la presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que busca modificar el marco regulatorio del sector eléctrico en Panamá, fortalecer la protección de los consumidores y establecer nuevas herramientas para fiscalizar a las empresas prestadoras del servicio.
Uno de los puntos que más destaca es el aumento de las sanciones: las empresas eléctricas podrían recibir multas de hasta B/.20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión.
ASEP podría intervenir a empresas eléctricas
El proyecto establece que la ASEP tendría la facultad de intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad cuando sea necesario para garantizar la continuidad del suministro.
La intervención podría mantenerse mientras la empresa corrige la falta o durante el proceso relacionado con la rescisión, resolución administrativa del contrato o terminación de la licencia correspondiente.
Para este procedimiento se designaría un interventor, cuya remuneración sería asumida por la empresa intervenida.
Además, el interventor no podría mantener vínculos comerciales o profesionales con la empresa objeto de la intervención, sus filiales o su grupo económico durante un período de dos años.
¿Qué pasaría con los reclamos por apagones y daños a electrodomésticos?
La propuesta también busca modificar la relación entre los usuarios y las empresas distribuidoras.
El proyecto contempla mecanismos para que los clientes reciban información más transparente, así como plazos definidos para la atención de reclamos.
También establece el reconocimiento de créditos a los usuarios cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes.
Esto busca atender algunas de las principales quejas de los consumidores, entre ellas las fluctuaciones de voltaje, interrupciones del suministro eléctrico y daños a electrodomésticos.
Multas de hasta B/.20 millones
Otro de los cambios planteados corresponde al régimen sancionatorio.
Las empresas que presten el servicio de energía eléctrica podrían ser sancionadas con multas de hasta B/.20 millones cuando incurran en infracciones a la legislación o incumplan los contratos de concesión.
Con esta medida, el Ejecutivo plantea fortalecer las herramientas de fiscalización y cumplimiento de la autoridad reguladora.
Unas 150 mil familias podrían acceder al servicio eléctrico
El proyecto también incorpora la electrificación de áreas rurales que actualmente no cuentan con el servicio y que no son rentables ni están concesionadas como una obligación vinculada a la actividad de distribución.
De acuerdo con la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, esta modificación permitiría que unas 150 mil familias que actualmente no cuentan con electricidad puedan tener acceso al servicio.
La propuesta contempla, además, mecanismos para reconocer estas inversiones dentro de la estructura de costos del sector, con el objetivo de generar condiciones económicas que permitan ejecutar los proyectos de electrificación.
Empresas deberán modernizar sus redes
El proyecto de ley también plantea nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras relacionadas con la modernización del sistema eléctrico.
Entre las medidas se incluyen:
- Implementación de tecnologías de redes inteligentes.
- Mejoras en los sistemas de medición.
- Mayores estándares de transparencia operativa.
- Compromisos de inversión.
- Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión.
La intención es avanzar hacia un sistema eléctrico con mayores herramientas tecnológicas y mecanismos de fiscalización.
También se busca evitar la concentración del mercado eléctrico
La propuesta incluye cambios relacionados con la competencia y la estructura del mercado eléctrico.
El objetivo es evitar escenarios de concentración excesiva y preservar condiciones de competencia efectiva.
También se plantean mecanismos para fomentar una competencia real en los procesos de venta del paquete mayoritario de acciones de empresas concesionarias de distribución eléctrica.
¿Qué falta para que estos cambios entren en vigencia?
Por ahora, se trata de un proyecto de ley, por lo que las modificaciones todavía deben pasar por el proceso legislativo correspondiente.
El Consejo de Gabinete autorizó al ministro de la Presidencia a presentar la propuesta ante la Asamblea Nacional, donde deberá ser analizada y seguir el trámite establecido antes de convertirse en ley.
De aprobarse, los cambios modificarían aspectos importantes de la regulación del servicio eléctrico y ampliarían las herramientas de la ASEP para supervisar a las empresas y proteger a los consumidores.
La iniciativa sigue la línea planteada por el presidente José Raúl Mulino ante las reiteradas quejas de los usuarios sobre la calidad del suministro eléctrico y los mecanismos existentes para reclamar por deficiencias en el servicio.
