Panamá Nacionales - 

Aprueban en tercer debate proyecto que regula conflictos de intereses en la función pública

La aprobación del proyecto que regula conflictos de intereses en la función pública se dio con 56 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La aprobación se dio con 56 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Cabe destacar que este proyecto fue objetado parcialmente por el presidente Laurentino Cortizo por inconveniente en los artículos 3, 6, 8, 13, 21 y 22 y por inexequible en los artículos 20 y 25.

Según el diputado Gabriel Silva, quien es el proponente de la norma, todas las observaciones fueron subsanadas.

"Creo que al aprobar este proyecto de ley el día de hoy, esta asamblea está dando un paso importante. Esto fue uno de los proyectos que el presidente Cortizo se comprometió a presentar en campaña y ahora le estamos entregando nuevamente este proyecto de ley que fue arreglado con el apoyo de varios diputados, asesores del pleno, Antai, sociedad civil", manifestó Silva.

Proyecto sobre conflicto de intereses es aprobado en tercer debate

Este proyecto de ley busca que los funcionarios no se aprovechen de la condición del cargo público que ostentan para tener un trato favorable en comparación con el resto de la ciudadanía.

En el texto se establece que los sujetos obligados por la ley se declararán incompatibles en casos en donde intervengan empresas en las que hayan tenido parte en cargos de dirección, asesoramiento o administración ellos, sus cónyuges o personas con quienes mantengan o mantuvieran en los dos años anteriores a su toma de posesión, relación análoga de afectividad o familiar dentro del segundo grado de consanguinidad.

Po otro lado, la legislación también dicta normas referentes a la participación de los sujetos obligados en casos precisos como la concreción de privatizaciones o concesiones de empresas de las cuales hayan tenido información privilegiada.

Además, se busca evitar conductas como el nepotismo o el ejercicio de funciones con jornadas simultáneas de trabajo.

Algunos de los sujetos obligados por esta ley serían: ministros y viceministros de Estado, contralor y subcontralor de la República, defensor del Pueblo, jefes diplomáticos y consulares, superintendente de Bancos, superintendente de Seguros y Reaseguros, alcaldes y vicealcaldes, representantes de corregimiento, entre otros.

De acuerdo con la normativa, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, previo a una investigación deberá establecer en qué casos se impondrán multas o solicitar apertura de procesos disciplinarios por parte de la autoridad competente. De igual forma, de ser el caso, solicitará al Ministerio Publico la investigación penal.

https://twitter.com/gabrielsilva8_7/status/1554590290740125697