Tras la validación de acuerdos de pena consensuados entre el Ministerio Público de Panamá, la defensa pública y abogados particulares, la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, emitió la sentencia n.º 316 del 23 de febrero de 2026, mediante la cual declaró penalmente responsables a tres ciudadanos por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, dentro del caso conocido como Operación Alpes.
Penas impuestas por blanqueo de capitales
De acuerdo con lo establecido en la sentencia:
- A uno de los implicados se le impuso 72 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Además, deberá pagar una multa de B/.1,000.00 al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses.
- A un segundo ciudadano se le sancionó con 48 meses de prisión por el mismo delito. Como pena accesoria se le fijó una multa de B/.1,000.00, la cual fue reemplazada por 200 días multa a razón de B/.5.00 diarios, sumando el mismo monto a pagar en un año.
- En el caso de una ciudadana, la jueza impuso 36 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales. También ordenó el comiso de dos vehículos. Posteriormente, la pena de prisión fue reemplazada por 200 días multa, equivalentes a B/.1,000.00 pagaderos al Tesoro Nacional.
Reprograman audiencia para otros imputados
En este mismo proceso judicial, donde hay otros imputados vinculados al caso, la jueza reprogramó la audiencia intermedia para el miércoles 12 de junio de 2026 a las 8:30 a.m. en la Sala #3.
La decisión se tomó debido a la no comparecencia de tres abogados, la falta de traslado de uno de los privados de libertad y la ausencia de notificación a otro de los imputados que mantiene una medida cautelar.
Ante esta situación, la juzgadora hizo un llamado de atención a la Oficina Judicial y se aplicaron multas a los defensores particulares que no justificaron su ausencia.
Inicio de la investigación
La investigación de este caso inició el 8 de abril de 2022, cuando las autoridades detectaron que un grupo de personas presuntamente utilizaba reuniones y llamadas para coordinar operaciones logísticas destinadas al traslado de sustancias ilícitas por vía marítima desde Colombia hacia Panamá.