La demanda de inconstitucionalidad contra la ley de carrera legislativa entra este lunes 22 de diciembre en un momento decisivo. En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) vence el plazo para que las partes presenten sus alegatos a favor o en contra de la norma, un proceso que mantiene en debate la legalidad del ingreso y estabilidad de funcionarios dentro de la Asamblea Nacional.
Connell sostuvo que la base legal de la norma es que el Consejo de Carreras continúe activo. Afirmó que, aunque la demanda señala la derogación del artículo 9 de la ley original de 1998, el texto único ordenado mediante la Ley 429 mantiene vigente dicho consejo. Añadió que la carrera legislativa se sustenta en la carrera administrativa, como ley marco, para llenar vacíos normativos.
Cuestionamientos y postura de Transparencia Internacional
La demanda fue presentada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, que argumenta la violación de los artículos 300 y 302 de la Constitución, los cuales establecen que el acceso a la carrera pública debe darse mediante mérito medido en procedimientos objetivos, concursos y evaluaciones verificables.
Según la fundación, la ley aprobada creó un blindaje que permite a funcionarios ingresar a la carrera legislativa sin concurso. En esa misma línea, el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, remitió opinión al pleno de la Corte señalando que la norma, tal como fue aprobada por la Asamblea Nacional, viola la Constitución.
Ahora, corresponderá a los magistrados decidir el futuro de esta ley y sus implicaciones para los funcionarios incorporados bajo este régimen.