El Informe 2022 de la Oficina de Trata de Personas del Departamento de Estado de EE. UU. publicó un informe evalúa esfuerzos para combatir la trata de personas en 188 países y territorios, en el que incluye a Panamá.
El reporte destaca, también que el gobierno demostró haber incrementado sus esfuerzos de forma general en comparación con el periodo del informe previo, considerando el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre su capacidad de combatir la trata; por ende, Panamá permanece en el Nivel 2.
"Estos esfuerzos incluyeron identificar a más víctimas; condenar y rigurosamente penalizar a dos traficantes bajo el estatuto contra la trata; solicitar la participación de los sobrevivientes en los esfuerzos de protección a víctimas; apoyar el derecho de las víctimas a recibir restitución de sus tratantes; realizar una revisión cumulativa de sus propios esfuerzos en contra de la trata; y brindar apoyo adicional en cuanto a alimentos y artículos de higiene a víctimas de trata durante la pandemia", asegura el informe del Departamento de Estado.
El informe agrega que el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave.
Además indica que las autoridades investigaron a menos tratantes, y, a pesar de esfuerzos de monitoreo proactivo, las estadísticas del gobierno indicaron que la mayoría de las víctimas de trata reportaban ellas mismas su explotación, pero el gobierno no enmendó la ley en contra de la trata para retirar el requisito de traslado para constituir un delito de trata, lo cual perpetuó conceptos erróneos sobre la trata y condicionó los esfuerzos del gobierno en contra de la trata, de forma que las agencias de aplicación de la ley investigaban los casos de trata interna inadecuadamente.
Entre las recomendaciones que efectúa el informe a las autoridades panameñas están:
- Retirar el requisito de traslado de la definición reglamentaria de trata de personas en el Código Penal.
- Proactivamente identificar a víctimas de trata, incluso entre panameños explotados dentro del país, migrantes, comunidades indígenas, trabajadores domésticos y otros grupos vulnerables.
- Vigorosamente investigar y enjuiciar y, según sea apropiado, condenar a los tratantes, incluyendo aquellos involucrados en el turismo sexual infantil.
- Enmendar la ley de trata para que incluya fuerza,fraude o coerción como elementos esenciales del delito, más que como agravantes.
- Asignar fondos dedicados para servicios especializados de víctimas, incluyendo mediante el fondo especial para víctimas de trata y apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil.
- Capacitar a agentes de la aplicación de la ley y a los fiscales en la investigación y el enjuiciamiento de tratantes utilizando el delito de trata en vez de utilizar un delito menor.
- Establecer y destinar fondos para el albergue específico para víctimas de trata de personas.
- Incrementar la capacitación a los funcionarios gubernamentales en la identificación y referencia de víctimas, incluyendo la identificación proactiva entre las poblaciones vulnerables y los individuos involucrados en el sexo comercial.
- Sentenciar a tratantes condenados con penas adecuadas conforme a la ley, las cuales deben incluir significativos periodos de encarcelamiento.
- Informar a las víctimas extranjeras sobre sus derechos como víctimas de trata, incluyendo el acceso al permiso de residencia provisional y servicios.
- Desarrollar y diseminar un manual de procedimiento para guiar a los fiscales y a los jueces en los casos de trata.
- Capacitar a los jueces para que entiendan la importancia de la restitución financiera en los casos de trata.
- Utilizar las leyes y os reglamentos existentes para revocar las licencias de reclutadores fraudulentos.