José Segura, Carlos Garro y David Núñez requeridos por las autoridades costarricenses por delitos de blanqueo de capitales están siendo extraditados desde Panamá a aquel país a través de un trabajo en conjunto entre la Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores e Interpol.
Posteriormente, el 17 de abril el Ministerio Público informó que la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales logró que los costarricenses se acogieran al proceso de extradición; en ese acto también se legalizó su aprehensión y se ordenó su arresto hasta que fueran entregados a las autoridades.