En julio del 2023, las más de 600 juntas comunales de Panamá, deberán entregar la rendición de cuentas, luego de la capacitación que inició en el 2022, a los 'oficiales de información', quienes se encargarán de publicar y compartir mensualmente en el portal digital de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), sección Monitoreo, el informe final de sus gastos.
Están sujetos a esta medida, 111 entidades del Estado y 81 municipios de la República de Panamá.
"Reconocemos la competencia de la Contraloría como órgano, en este caso, fiscalizador y, justamente, vamos a tener conversaciones con ellos", comentó Fernández, al ser consultada acerca de la fiscalización con la que debe contar la Contraloría General de la República en cuanto a la rendición de cuentas por parte de las juntas comunales.
Quien no se sujeto a estas disposiciones, será sancionado, debido a que cuentan con la información necesaria para llevar a cabo la publicación de los documentos.
Por su parte, la contraloría emitió un comunicado informando de las acciones que llevarán a cabo los gobiernos locales de las comunidades del país.
"Corresponde a las juntas comunales rendir cuentas del manejo de los fondos públicos que han recibido, producto de la transferencia legal dentro del margen de la ley, que se ha estado haciendo del Gobierno Central a la Autoridad de Descentralización y de allí, a las juntas locales".
De descubrirse "Vicios de actos ilícitos, dolosos, que puedan implicar lesión patrimonial", los informes se pasarán a Auditoría General o Auditoría Forense, para determinar si existe un perjuicio para el Estado. Si los resultados de las investigaciones responden a estas faltas, se remitirán al Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público para "Exigir las sanciones correspondientes y todo el peso de la ley".