Mediante la extinción de dominio se busca la recuperación de los bienes a favor del Estado

“Lo que busca (la extinción de dominio) es que el articulado que presenta el proyecto genere un equilibrio en la persecución criminal y en la administración de la justicia, quitándole ese recurso financiero a las organizaciones criminales”, dijo Riggs.

Detalló que el procedimiento se establecerá a través de una investigación que desarrollará un fiscal de extinción de dominio mediante una acción tutelada por un tribunal de garantías, que debe generar que el procedimiento se haga en fundamento a pruebas que arrojen realmente la certeza de que algo no se está haciendo de forma correcta.

“Cuando digo que algo no está bien es que aquel que no pueda justificar de manera legal un bien se enfrentaría a la extinción de dominio y, más que extinción de dominio, hablemos de recuperación de estos bienes que son producto de una actividad criminal, que no gozan de protección legal, ni legitimidad constitucional”, indicó.

Todos estos procedimientos estarían fundamentados en presupuestos jurídicos que generan la investigación que los fiscales de extinción de dominio, quienes deben desarrollar y demostrar ante los tribunales de justicia de extinción de dominio, con una segunda instancia, en caso de que el afectado o la persona que reclame la titularidad de los bienes puede ejercer su defensa en función a pruebas que generen la certeza de que los mismos fueron obtenidos de manera legal.

Cabe mencionar que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional creó una subcomisión para revisar el proyecto de Ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. La preside el diputado Roberto Ábrego y está conformada por los diputados Crispiano Adames y Juan Diego Vásquez.

A través de esta subcomisión se abrirá un espacio para la participación ciudadana y de los agentes que tengan injerencia en la materia, para poder analizar las diferentes situaciones y así fortalecer el proyecto.