Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406, que aprueba el contrato de concesión minera entre el Estado y la Sociedad Sociedad Minera Panamá, S.A., han surgido reacciones de abogados demandantes, ambientalistas y presidentes de gremios.
El abogado demandante compartió detalles sobre sus argumentos, resaltando que se basó en un fallo del 2017 y subrayó la falta de licitación pública, así como la ausencia de beneficio social o interés público en el contrato.
Además, Sevillano señaló que fue él quien presentó la primera demanda penal contra la minera, argumentando que se estaban produciendo robos sin contrato desde el 2017 hasta el 2020.
Por otra parte, Martita Cornejo, también abogada demandante, expresó: 'Estaremos vigilantes de que no nos roben nuestro país, estaremos vigilantes de que ustedes no negocien contratos para terceras personas, porque esto se llama corrupción y este fallo es el triunfo del pueblo panameño'.
Asimismo, señaló que este ha sido el resultado de un pueblo que se alzó diciendo basta de tanta corrupción y de intereses para otros y no para el pueblo para el que deben gobernar.
La abogada litigante subrayó que, en el término máximo de una semana, la Corte Suprema de Justicia, si notifica mediante edicto o personalmente, debe notificar al Ministerio de Comercio e Industrias que la minera tiene que cumplir con el fallo.