Un juzgado de Guatemala resolvió hoy dictaminar prisión preventiva para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas René Charchal, encausado por supuestamente estar implicado en una trama de corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
La decisión, adoptada por Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, se debe a que existe, según su juicio, peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, como aseguraba la fiscalía.
Charchal, que este viernes presentó su renuncia al cargo y que debe ser aprobada por el Congreso, fue encausado por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, pues supuestamente movió sus influencias en beneficio de una red de corrupción para otorgar el contrato de ampliación de ese puerto a la empresa TCQ.
Según las evidencias presentadas por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre ellas escuchas telefónicas, declaraciones testimoniales y documentos, Charchal "se puso al servicio de una empresa criminal enquistada en las más altas jerarquías del Organismo Ejecutivo", pues sus líderes son el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldett, ya en prisión preventiva.
Supuestamente, el magistrado tuvo participación en el proceso de negociación del usufructo oneroso a favor de TCQ.
APM Terminals es dueña del 85 % de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Queztal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15 % es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.
La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.
El contrato de ampliación le habría representado a Pérez Molina y Baldetti unos 24,5 millones de dólares en comisiones, según las investigaciones.
Por estos motivos, el juez Gálvez, que decretó tres meses para que la fiscalía finalice la investigación, envió a Charchal a prisión preventiva, régimen que cumplirá en la cárcel del Mariscal Zavala.
