El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, se comprometió hoy a garantizar los derechos de la población migrante que reside en Estados Unidos de forma irregular, tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre.
Durante la jornada posterior a los comicios estadounidenses, el Gobierno de El Salvador reconoció que su "mayor preocupación" ante el cambio de mandatario en el país norteamericano era el futuro de los más de 2 millones de salvadoreños que viven ilegalmente en los Estados Unidos.
Además, Sánchez Cerén recordó, durante el programa Gobernando con la Gente, celebrado en la comunidad de San Rafael Cedros, que los cancilleres de los países del Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala y Honduras- trabajan conjuntamente para garantizar la continuidad del apoyo de Estados Unidos a los programas de desarrollo económico y social en la región.
"Estamos proyectando que nuestros cancilleres se reúnan con los miembros del Congreso y especialmente con los Republicanos, para hacerles ver la realidad de El Salvador, Guatemala y Honduras, y comprometerlos a que den continuidad al Plan de la Alianza para la Prosperidad para resolver problemas estructurales y enfrentar el fenómeno de migración", subrayó.
El mandatario concluyó que "la migración es un derecho, el papa Francisco reconoce que es un derecho que tienen los pueblos y que no puede ser violentados".
Centroamérica, en especial el Triángulo Norte, es una de las zonas más violentas del mundo, pese a que no se desarrolla una guerra convencional, lo que incide en la emigración masiva a Estados Unidos y México, los principales destinos.
Para hacer frente a esta violencia y a la falta de oportunidades que alienta a muchos a migrar, en febrero pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso una partida de 750 millones de dólares de ayuda a Centroamérica dentro del presupuesto de 50.100 millones para el año fiscal 2017.
Esos 750 millones se sumarían a los otros 750 millones aprobados por el Congreso en diciembre pasado para afianzar el fortalecimiento institucional de los países de origen del mayor grueso de indocumentados: Guatemala, El Salvador y Honduras, bajo el conocido Plan de la Alianza para la Prosperidad.