La policía brasileña ingresó este miércoles al presidio de Natal (nordeste), donde 26 detenidos fueron asesinados el fin de semana por bandas rivales, con la intención de proceder a traslados de presos, para evitar una nueva masacre.
La guerra entre facciones por el control del tráfico de cocaína sumergió al sistema penitenciario en un frenesí de carnicerías, rebeliones y fugas que dejó 134 muertos en los primeros quince días de 2017, según datos oficiales.
En Natal, a unos 1.800 km a vuelo de pájaro de Brasilia, las fuerzas de seguridad penetraron en la cárcel de Alcaçuz apoyadas por un vehículo blindado, constataron periodistas de la AFP.
Un autobús esperaba en la entrada del penal escoltado por vehículos de la policía de élite, que ya tuvo que intervenir el martes lanzando balas de goma desde el muro perimetral para evitar una nueva matanza.
No se registraban disparos ni enfrentamientos visibles por el momento.
"Vamos a hacer esta transferencia con el mayor cuidado posible, atendiendo todas las cuestiones de seguridad (...) El objetivo es mantener el clima de orden y tranquilidad en el presidio", dijo más temprano a la prensa el mayor Eduardo Franco, portavoz de la policía del estado de Rio Grande do Norte.
Durante la noche, las facciones enfrentadas continuaron atrincheradas detrás de improvisadas barricadas y apenas separadas por un patio de unos 50 metros, según las imágenes filmadas por AFPTV.
Pese a que los presos encendieron grandes hogueras y lanzaron gritos de guerra, no se desató el temido enfrentamiento que podría derivar en otro baño de sangre.
Las autoridades señalan que la crisis se originó cuando la organización delictiva Primer Comando Capital (PCC), nacida en Sao Paulo, la mayor de Brasil, decidió disputar el control del narcotráfico en todo el país y desafiar a otras bandas regionales.
La ola de violencia reveló la existencia de armas, celulares y hasta elementos explosivos en los penales.
Su último episodio, en Natal, no fue sofocado definitivamente y el martes un grupo de la facción local Sindicato do Crime RN -al que pertenecerían la mayoría de las 26 víctimas fatales- trató de atacar el pabellón donde están confinados los miembros del rival PCC.
"Queremos que el PCC vaya a otro Estado. No pararemos hasta que (las autoridades) los saquen de aquí", explicó por teléfono un recluso a la AFP.
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, dijo en una rueda de prensa que el país vive "una emergencia nacional", al explicar una medida extraordinaria dictada por el presidente Michel Temer que habilitó el uso del ejército para requisar presidios.
En principio, habrá mil hombres destinados a esa función.
"El crimen organizado se nacionalizó. Tiene el control de la distribución y del consumo y están buscando controlar la producción internacionalizándose. Y eso no puede ocurrir. No podemos permitir que el avance del crimen termine, por ejemplo, desafiando a las instituciones", dijo el ministro.
Constitucionalmente los militares no pueden tomar el control de los presidios y se limitarán a "limpiarlos" con detectores de metales, máquinas de rayos X y escáners, que fueron usados para verificar la seguridad en los estadios de los Juegos Olímpicos Rio-2016.
"Nuestra inteligencia dirá cuál es la situación en cada presidio y solo entraremos donde el riesgo de rebelión sea mínimo o nulo. En la hipótesis de que eso ocurra actuará la fuerza policial (...) Las Fuerzas Armadas no van a enfrentar a esas facciones", explicó Jungmann en Brasilia.
Para el jurista y exsecretario Antidrogas (1999) Walter Maierovitch, la forma en que fue presentada la medida es "una pésima respuesta".
"No encara el problema como una cuestión federal de orden público (...) pone al ejército en las prisiones para dar cobertura a los guardias carcelarios, como auxiliar", dijo a la AFP.
Brasil, con 622.000 presos en 2.766 unidades, tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo, según datos oficiales.
