Una investigación sobre si el presidente filipino Rodrigo Duterte dirigió un escuadrón de la muerte registró importantes avances gracias al testimonio crucial de un informador, anunció el martes el director de la comisión de vigilancia de derechos humanos del país.
Jose Gascon, jefe de la Comisión Filipina de Derechos Humanos, que investiga las acusaciones de que Duterte orquestó asesinatos en su etapa de alcalde de la ciudad de Davao (sur), afirmó que las pruebas aportadas por un policía jubilado habían restado "opacidad" a las acciones del presidente en el pasado.
Arthur Lascanas, un expolicía de Davao, saltó a la luz pública esta semana al afirmar que Duterte estuvo al mando de un escuadrón de la muerte que acabó con la vida de mucha gente, incluyendo una mujer embarazada, y que pagó por el asesinato de un periodista.
Lascanas declaró que él mismo formó parte de esos escuadrones y que incluso mató a sus dos hermanos.
El portavoz del presidente, Martin Anadanar, rechazó el lunes estas declaraciones vertidas, según él, por un "asesino a sueldo confeso".
"Pensamos que es una pieza importante para aclarar qué papel tuvo el entonces alcalde, hoy presidente, Duterte respecto a los escuadrones de la muerte de Davao", declaró Gascon a la AFP en Ginebra, en el marco de una conferencia sobre Derechos Humanos.
La comisión de Derechos Humanos ya había investigado las acusaciones de que Duterte, en su época de alcalde, encargó a sicarios de Davao que asesinaran a más de 1.000 delincuentes de poca monta.
Según afirmó Gascon al término de ese estudio, en 2012, su oficina recomendó que se formularan cargos pero la fiscalía no actuó.
La comisión no tiene competencia para dictaminar cargos pero Gascon esperaba que el sistema de justicia penal actuaría si la investigación sacaba a la luz pruebas que justificaran los cargos.
La comisión reabrió el caso a finales del año pasado después de que Duterte, elegido presidente en mayo de 2016, se jactara de haber matado a criminales años atrás.
En el pasado, Duterte ha negado y confirmado indistintamente la existencia de los escuadrones de la muerte de Davao.
Sin embargo, el ascenso político de Duterte ha complicado tanto la investigación como la protección de testigos, señaló Gascon.
"Claro que estamos muy preocupados por las posibles represalias que puedan tomarse contra [delatores], ya que el alcalde es ahora presidente del país", dijo Gascon, al tiempo que animó a más gente a colaborar.
El principal sistema de protección de testigos de Filipinas está dirigido por el departamento de justicia, sometido a la autoridad del presidente.
Con Duterte en el cargo, la comisión de Derechos Humanos se ha "topado con cada vez más testigos y víctimas que rechazan participar en el programa de chivatos", explicó Gascon.
La comisión ha intentado ofrecer garantías de protección alternativas pese a sus limitados recursos pero "nuestro pequeño programa de protección de testigos está actualmente colapsado", agregó.
Duterte, de 71 años, ganó las elecciones el pasado año tras prometer que iba a erradicar las drogas de la sociedad matando a decenas de miles de personas.
Lanzó una guerra contra la droga inmediatamente después de asumir el cargo en junio y, desde entonces, han muerto más de 6.500 personas.
El gobierno también ha acusado a una destacada crítica de Duterte, la senadora Leila de Lima, de tráfico de drogas, lo que Gascon tildó de "invención" y "acoso político".
El director de la comisión de Derechos acusó a Duterte de supuestamente no respetar la ley y de servirse de las instituciones del Estado para atacar a sus opositores políticos. Según Gascon, esto podría acabar con los logros democráticos alcanzados tras el fin de la dictadura de Ferdinand Marcos, en 1986.
"Si continúa con la misma trayectoria (...) al final lo que quizá veremos sea una trayectoria hacia una democracia intolerante donde un presidente elegido por el pueblo acabará minando las instituciones democráticas".
"Esperábamos algo mejor para el país", añadió Gascon.
FUENTE: AFP
