Madrid Internacionales -  21 de octubre 2020 - 08:46hs

La Justicia absuelva al exjefe policial catalán acusado de sedición

Madrid, 21 oct (EFE).- La Justicia española considera que la fuerza contra los votantes del referéndum inconstitucional de "autodeterminación" de 2017 en la región Cataluña no podía ser la solución para impedirlo, así que niega que la "prudencia" del máximo jefe policial de esa región entonces, Josep Lluís Trapero, constituya un delito de "cooperación a la sedición". ,La Audiencia Nacional (AN) absolvió este martes a Trapero en una sentencia publicada este miércoles, que se refiere a los partici

La Justicia española considera que la fuerza contra los votantes del referéndum inconstitucional de "autodeterminación" de 2017 en la región Cataluña no podía ser la solución para impedirlo, así que niega que la "prudencia" del máximo jefe policial de esa región entonces, Josep Lluís Trapero , constituya un delito de "cooperación a la sedición".

La Audiencia Nacional (AN) absolvió este martes a Trapero en una sentencia publicada este miércoles, que se refiere a los participantes del referéndum como personas "indefensas".

El tribunal rechaza que la actuación de Trapero, mando policial máximo de las fuerzas catalanas de seguridad (Mossos D'esquadra) en aquellos momentos (una "situación extraordinaria"), pueda ser considerada una cooperación a la sedición o desobediencia a los mandatos judiciales.

Y ello "aunque posibilitara la celebración del referéndum ilegal (el 1 de octubre de 2017) y favoreciera la estrategia independentista".

Por tanto, no hay "elemento incriminatorio alguno" de que fuese "un instrumento del proceso independentista" y pusiera al cuerpo policial "a su servicio".

Sin embargo, una de los tres magistrados que juzgaron el caso, Concepción Espejel, cree que debió ser condenado por sedición porque, a su juicio, actuó de acuerdo con las autoridades independentistas catalanas que organizaron el referéndum para que la Policía catalana adoptara una "postura pasiva e ineficaz".

Hace un año, el Tribunal Supremo condenó a nueve líderes políticos y sociales catalanes a varias penas de años de prisión e inhabilitación para cargo público por sedición en relación con el referédum, mientras el expresidente regional Carles Puigdemont permanece en Bélgica para evitar la acción directa de la Justicia española.

La Fiscalía solicitaba para Trapero 10 años de cárcel; y por la pena alternativa de desobediencia reclamaba 1 año y 8 meses de inhabilitación y multa de 60.000 euros.

"CIUDADANOS INDEFENSOS"

Razona la sentencia que el uso de la fuerza "contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situación, la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo".

El dispositivo policial diseñado por Trapero parecía estar dirigido a "minimizar los daños, aunque ello supusiera al final la celebración del referéndum ilegal", algo que "no puede desdeñarse", subraya.

La AN admite que Trapero estaba obligado a "hacer todo lo que estuviera en su mano para cumplir los mandatos" del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para evitar el referéndum.

No obstante, "en la ponderación de los intereses en juego (integridad de las personas, alteración del orden público, cumplimiento del mandato judicial), el jefe policial no debía poner como única finalidad de su actuación impedir a toda costa el referéndum".

Era "razonable" atenerse a los principios de "proporcionalidad, congruencia y oportunidad", según la sentencia, que también absuelve al resto de antiguos responsables policiales y políticos procesados en la misma causa.

Hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes del Gobierno español lo hicieron cuando desistieron de muchas de las intervenciones aquel día, en el que hubo varios incidentes de orden público, "ante la naturaleza y condición de las personas que se encontraban en los centros de votación".

La abogada Olga Tubau, defensora de Trapero, consideró hoy que se "restablece su honor profesional" y el del cuerpo policial.

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