El gobierno de Estados Unidos ejecutó el jueves a un narcotraficante por su participación en una serie de asesinatos en la capital de Virginia en 1992, a pesar de los reclamos de sus abogados de que la inyección letal podría causarle un dolor insoportable debido a los daños pulmonares causados por una reciente infección de COVID-19.
Corey Johnson, de 52 años, fue el 12mo reo que muere en el complejo penitenciario federal en Terre Haute, Indiana, desde que el gobierno de Donald Trump reinició las ejecuciones federales tras un parón de 17 años.
Fue declarado muerto a las 23:34 horas.
La ejecución de Johnson y la de Dustin Higgs, prevista para el viernes, son las últimas antes de la juramentación la próxima semana del presidente electo, Joe Biden, quien se opone a la pena capital federal y ha indicado que acabará con su uso. Los dos reclusos contrajeron el coronavirus, lo que les valió una suspensión temporal de su ejecución esta semana, antes de que los tribunales superiores permitieron que el proceso siguiese adelante.
Los abogados habían alegado que las inyecciones letales de pentobarbital causan un repentino edema pulmonar, donde el líquido llena rápidamente los pulmones provocando una sensación similar a la del ahogamiento. El nuevo argumento era que el líquido llegaría a los pulmones del preso, dañados por el COVID-19, de inmediato, mientras estaba aún consciente.
Johnson estuvo implicado en uno de los peores episodios de violencia de pandillas nunca vistos en Richmond, con 11 muertos en 45 días. Él y otros dos miembros de la banda Newtowne fueron sentenciados a muerte por la ley federal contra narcotraficantes a gran escala.