Ante la suspensión temporal de los efectos del contrato de concesión de las cámaras de vigilancia (conocidas como boleteras), suscrito entre la empresa Traffic Safety de Panamá S.A. y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el Abogado Víctor Martínez considera que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo debe resolver una demanda de nulidad del contrato.
En el documento se establecía que el Estado debía pagar a la empresa concesionaria el 65% del monto de cada infracción de tránsito impuesta mediante las "cámaras boleteras", y el Tesoro Nacional solo percibiría el 35%.
Martínez asegura que el Estado es el único facultado para sancionar, y no puede transferir las sanciones a una empresa privada, según la Ley 5 de 1998. " Con la multa que el Estado impone por la violación a la ley, la empresa se iba a quedar con el 65% del dinero de las sanciones " señaló.
Expresó que él no se opone a la instalación de las cámaras pero cree que el 100% del dinero de las sanciones debe ser para el Estado.