En el ojo de la tormenta por el escándalo de los auxilios económicos, el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, dijo que "no hay nada ilegal ni acto de corrupción" en este programa.
"El Ifarhu no ha trabajado por banderas políticas, nosotros no hemos trabajado que si para la bancada del PRD, que si para una bancada específica, esta es una institución que toda la población, movimientos independientes, y si cumple con lo que establece la norma, con lo que establece la ley se le puede dar", sostuvo Meneses.
Explicó que el reglamento de auxilios económicos establece que funcionarios pueden acceder a este programa "no te limita a que una persona que tenga o no tenga recursos económicos acceda al auxilio económico".
Admitió que ha recibido cartas de diputados y figuras públicas, pero indicó que si hay desacuerdo en que estas personas accedan a programas del Ifarhu se deben realizar cambios a la ley.
"Cómo yo puedo decirle al hijo de equis persona, mira no te puedo dar este auxilio económico porque el reglamento me dice que tu eres hijo de fulano de tal, no tengo fundamento legal para negárselo", manifestó.
Indicó que desde 2019 hasta la fecha se han otorgado 5,200 auxilios económicos.
A raíz de la polémica, adelantó que presentarán un nuevo proyecto de Ley para modificar la ley actual del Ifarhu,"las modificaciones van a consistir primordialmente hacia dónde van dirigidos los programas y la forma de escoger a los estudiantes que van a recibir este beneficio".
De acuerdo con el reglamento del programa de auxilios económicos, "serán otorgados a funcionarios y docentes universitarios que asistan a programas de educación continua. También podrán acceder funcionarios del Ifarhu, estudiantes panameños que requieran un aporte económico para sus estudios superiores en universidades del país o extranjeras, estudiantes de escasos recursos".
Por este escándalo, fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia contra Meneses, por presunto delito de peculado de uso, extralimitación de funciones y presunta malversación de fondos públicos.
En tanto, el Consejo Nacional del Ifarhu decidió solicitar una auditoría a este programa y la presentación de un informe de becas otorgadas por categoría. También se acordó la conformación de una subcomisión para realizar una revisión integral de la política de becas del país.