El Ministerio Público de Panamá informó este viernes que la Fiscalía de Descarga Anticorrupción, luego de presentar recurso de apelación en diciembre de 2019, por la absolución de varias personas en el caso denominado 'comida deshidratada', logró que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, reformara la sentencia absolutoria del 16 de diciembre de 2019 y declara penalmente los responsables.
Los hechos tuvieron su génesis mediante denuncia presentada el 21 de julio de 2014, cuando de forma anónima se presentó en la Fiscalía Anticorrupción de Descarga documentos referentes al proyecto “Compra de Alimentos Deshidratados para el Almuerzo Universal en las Escuelas Públicas a Nivel Nacional 2011 “Nutriescuela” a través del Programa de Ayuda Nacional, contrato suscrito entre Giacomo Tamburrelli en representación del Programa y Rubén Antonio Icaza Arias, en representación de la empresa Lerkshore Internacional Limited, a la cual se le adjudicó de manera directa.
Cabe señalar que el informe de Auditoria de la Contraloría General de la República reveló una lesión de B/. 44,994,061.44.
Se conoció que muchos de estos alimentos se descartaron por vencidos, además, los estudiantes que los recibieron indicaron que estaban muy concentrados y en varias escuelas del país se encontraron cristales dentro de las bolsas de alimentos lo que fue advertido por los padres de familia. En cuanto a la contratación de la empresa no hubo acto público. Además, no contaba con el reconocimiento del mercado panameño y no tener solvencia económica para hacerle frente al contrato.