La polémica entre la Autoridad del Canal de Panamá y Grupo Unidos por el Canal nace porque estos últimos exigen el pago de sobrecostos por el orden de 1.6 millones de dólares (mil 600 millones de dólares). Tras varias reuniones la ACP propuso la cifra de 283 millones de dólares compartidos entre ambas partes. Mientras que Grupos Unidos Por el Canal presentó una contrapropuesta que contemplaba un adelanto de 400 millones de dólares. La empresa Impregilo, un día después solicitó otra cifra hasta que el tema se resolviera en los tribunales.