Desde el año 2019, existe una Ley que adopta medidas contundentes para abordar la defraudación fiscal, según explica Ricardo Solís, jefe de Defraudación Fiscal de la Dirección General de Ingreso (DGI). En una entrevista, Solís detalla que cuando el monto defraudado supera los trescientos mil balboas, se configura como defraudación fiscal penal.
Por otro lado, el jefe de la DGI menciona que, a diferencia de la defraudación fiscal, la evasión fiscal implica montos inferiores a $300,000.00.
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Solís también aclara el proceso investigativo, señalando que el Ministerio Público solo puede actuar tras la presentación de una denuncia por parte de la DGI, previa autorización del Tribunal Administrativo Tributario.
DGI, Ley de evasión y defraudación fiscal
El jefe de Defraudación Fiscal subraya la importancia del elemento de dolo en estos delitos, destacando que la evasión y la defraudación fiscal implican una intención deliberada de reducir o evitar el pago de impuestos, mediante acciones como declaraciones falsas o simulaciones.
Además, Solís desmiente la idea de que estas investigaciones sean una novedad, afirmando que este modelo se implementa desde 2010, subrayando así la continuidad en los esfuerzos para combatir estos delitos fiscales.
Estas declaraciones ponen de relieve el enfoque proactivo de las autoridades panameñas en la lucha contra la defraudación fiscal, reafirmando su compromiso con la transparencia y la integridad en el sistema tributario del país.