Estados Unidos donó hoy 7,5 millones de dólares a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para luchar contra la corrupción en el país centroamericano, informaron hoy fuentes oficiales.
El aporte económico fue anunciado este miércoles en una conferencia de prensa por el embajador de Estados Unidos en el país, Todd Robinson, quien estuvo acompañado por la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana; el titular de la CICIG, Iván Velásquez, y la Coordinadora Residente de la ONU, Rebeca Arias.
El diplomático aseguró que "la corrupción mata, obstaculiza las instituciones y debilita el Estado de derecho", y agregó que "todos" pueden colaborar para acabar con esta lacra, que va en contra de los más desfavorecidos.
En el mismo sentido se pronunció Arias, que alabó la labor desempeñada por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la CICIG, y el comisionado colombiano Velásquez, quien dijo que esta donación es una renovación del apoyo del Gobierno de Estados Unidos y de la confianza depositada en la institución que dirige.
La CICIG, resumió el colombiano, ha contribuido a los intereses de Guatemala por lograr el cambio que tanto anhela y en el que están comprometidos "el Gobierno y el pueblo", pero apeló también a la necesidad de reformar el sector Justicia por interés del país.
"Guatemala tiene que tomar conciencia de cómo está funcionando su sistema de Justicia (...). Aquí no es si se derrota la reforma se derrota la CICIG, pierde el país", proclamó enfático el colombiano, mientras recordaba como casos del año 2014 o 2015 siguen sin sentencia o sin saber si habrá un juicio.
Velásquez hacía así referencia a las reformas al sector Justicia promovidas desde la sociedad el año pasado, que aún no fueron aprobadas por el Congreso y que han recibido duras críticas de varios sectores, sobre todo con respecto a la inclusión del sistema jurisdiccional indígena: "Lo que se requiere es que el país reflexione cuál es el sistema de Justicia que necesita".
Por su parte, Aldana hizo referencia al papel de la Fiscalía como ente investigador, pero también señaló la contribución de la institución que dirige en el "movimiento reformista" que se gestó desde abril de 2015 en el país, cuando se destapó el caso "La Línea", que involucró al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ahora en prisión preventiva.
La fiscal general enfatizó que esa demanda de la sociedad, que cada semana salía a la calle a pedir la dimisión del Gobierno y el fin de la corrupción, no fue una "ola revolucionaria" sino un movimiento reformista que sigue demandado resultados y en el que el MP aporta su grano de arena.
Precisamente la reforma constitucional, abundó, es "parte de ese movimiento" que busca contribuir a lograr instituciones "independientes y autónomas", un proceso en el que el acompañamiento de la comunidad internacional "ha sido vital".
Desde 2008, Estados Unidos ha invertido más de 43 millones de dólares en el trabajo de la CICIG, un ente creado por la ONU en 2007 con el fin de desmantelar estructuras clandestinas dentro del Estado de Guatemala.
Los países donantes de la entidad son Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Suecia y Suiza, además de organizaciones internacionales como la Unión Europea, Fosi y Soros.
Los Gobiernos de Alemania, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, España, Italia, Francia, Suecia, Suiza y Uruguay contribuyen con personal especializado en seguridad e investigación criminal para las operaciones en Guatemala.
El mandato de la CICIG, de cada dos años, vence el próximo mes de septiembre, pero el actual presidente, Jimmy Morales, solicitó el año pasado por adelantado una prórroga hasta septiembre de 2019.
