La Asamblea Nacional de Diputados aprobó este miércoles en presencia de la procuradora de la Nación, Ana Belfon, eliminar el polémico artículo 42 del proyecto de Ley 651 que contempla penas de prisión de 8 a 12 años de cárcel a quien, mediante el uso de la fuerza física o intimidación, amenace a testigos, peritos, jueces, fiscales o agentes de la fuerza pública.