El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes , explicó que la modificación a la ley de la ley 93 de 1973 sobre arrendamientos que promueve la entidad, no se trata de expropiación de tierras.
De acuerdo con paredes, se trata de una ley que tiene más de 40 años, y ante el dinamismo de las ciudades, requiere una actualización.
Agregó que los artículos que han generado polémica en los últimos días siempre han existido, como lo es el 31, al que solo se le agregan las palabras "ordenamiento territorial", dado que anteriormente el nombre de la entidad era Ministerio de Vivienda únicamente.
Este artículo permite, que por motivos de interés social urgente, el Miviot podrá ocupar inmediatamente, en calidad de arrendamiento temporal cualquier bien inmueble que esté desocupado. Agrega que los propietarios están obligados a ceder al ministerio el uso solicitado.
Según Paredes, hubo momentos de contingencia en los que se requirió utilizar un bien que estuviera vacío. "Se trataba de un contrato de arrendamiento y por cuestión de urgencia le pagábamos al dueño por el uso de ese espacio, quisiera o no y luego sacábamos a las personas", detalló.
Por otro lado, en el artículo 5 se agrega la posibilidad de realizar trámites u contratos formales de manera digital.
Mientras que el artículo 9, que antes establecía que "ningún contrato de arrendamiento o la prórroga de él, podrá celebrarse por un término menor de tres años; el arrendatario tendrá derecho a que se le prorrogue, por igual término, en caso de que al vencerse el contrato estuviera al día en sus pagos", con la modificación quedaría de la siguiente manera: "ningún contrato de arrendamiento con un canon inferior o hasta la suma de B/.150.00 mensuales, o la prórroga de él, podrá celebrarse por un término menor de tres años; el arrendatario tendrá derecho a que se le prorrogue, por una sola vez, por igual término, en caso de que al vencerse el contrato estuviera al día en sus pagos".
Paredes indicó que se busca una mayor agilidad de arrendamiento en Panamá y que no es una ley en firme, sino que forma parte de una consulta con los gremios correspondientes.
FUENTE: Linda Batista