El Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá condenó a un hombre a 50 años de prisión tras declararlo penalmente responsable por los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores de edad, en perjuicio de dos hijas biológicas y una hijastra. Los hechos se dieron entre los años 2018 y 2024, en el corregimiento de El Chorrillo, cuando las víctimas tenían entre 10 y 17 años.
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Tribunal encontró responsabilidad penal
Tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral, celebrado del 6 al 16 de julio de 2026, el Tribunal concluyó que el acusado era penalmente responsable de los delitos imputados y le impuso la pena máxima de 50 años de prisión.
Además de la condena principal, los jueces ordenaron como pena accesoria la inhabilitación por 50 años, una vez cumplida la pena de prisión, para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde concurran habitualmente personas menores de edad, como:
- Centros educativos.
- Parvularios.
- Campos y centros deportivos.
- Áreas aledañas a estos establecimientos.
Esta medida fue adoptada conforme a lo establecido en los artículos 174, 175, 177 y 179 del Código Penal.
Hombre deberá indemnizar a las víctimas
En el ámbito civil, el Tribunal acogió la solicitud presentada por la querella coadyuvante y condenó al sancionado al pago de B/.30,000 por concepto de daño moral.
La indemnización será distribuida entre las tres víctimas, correspondiendo B/.10,000 para cada una.
Será incluido en el Registro Oficial de Ofensores Sexuales
Como parte de las medidas complementarias, el fallo ordenó remitir copia de la sentencia al Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para incorporar al condenado al Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, conforme a la Ley 244 de 13 de octubre de 2021.
Asimismo, el Tribunal dispuso notificar a la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), levantar las medidas cautelares vigentes y remitir el expediente al Juez de Cumplimiento, encargado de supervisar la ejecución de la sanción impuesta.
