En 1976, un carterista de Baltimore fue capturado tras hacer una broma telefónica a su víctima. Y ese caso sentó las bases legales para el actual espionaje global de registros telefónicos con el objetivo de proteger a Estados Unidos de ataques terroristas.
Desde ese caso, dice ahora un juez federal, el gobierno se ha extralimitado.
Pudiera requerirse un fallo de la Corte Suprema para resolver si el caso de llamadas de un sospechoso hace tres decenios es aplicable al espionaje global del gobierno.
En el caso en Baltimore, la Corte Suprema fallo que el gobierno tenía derecho a colectar los registros telefónicos del sospechoso para vincularle con el crimen.
La Agencia de Seguridad Nacional ha argumentado que las personas renuncian a derechos de privacidad cuando dan voluntariamente sus números telefónicos e identificaciones cibernéticas a negocios.