El gobierno de Rumania sopesaría revocar un decreto polémico que ha generado protestas masivas desde hace días contra porque debilita la ley contra la corrupción de funcionarios, según dijo una fuente oficial el sábado.
Las declaraciones de Liviu Dragnea, presidente del partido gobernante, serían el primer indicio de marcha atrás por parte del gobierno de centroizquierda desde que estalló la crisis el mes pasado, cuando por decreto se determinó que se despenalizarían los casos de corrupción de funcionarios cuando el monto en cuestión sea menor al equivalente en moneda rumana a 47.800 dólares.
En entrevista con DC News, Dragnea dijo que se reuniría con el primer ministro Sorin Grindeanu para "proponer una solución".
"Podríamos hablar de revocar el decreto si el primer ministro está de acuerdo", dijo Dragnea, quien tendrá la última palabra sobre una iniciativa de la cual podría beneficiarse directamente.
Sus palabras probablemente buscan calmar las protestas contra el gobierno planeadas para la noche del domingo, que se prevé sean las más grandes que haya visto el país desde que cayó el comunismo.
Por ley, Dragnea tiene prohibido ser primer ministro porque fue condenado a dos años de prisión en abril de 2016 por manipulación de votos, algo que, según él, fue injusto. El decreto podría permitirle ser primer ministro, como buscan sus partidarios.
El gobierno ha sufrido una enorme presión dentro y fuera del país para revocar el decreto, que significa un retroceso en la lucha contra la corrupción en el país.
El sábado, miles de rumanos salieron a las calles por quinto día consecutivo para protestar contra la ordenanza.