Este sábado se instala la primera legislatura del cuarto período de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional. En la jornada, los diputados tienen una difícil tarea: escoger la nueva junta directiva que presidirá ese órgano del Estado.
¿Por qué difícil?, a diferencia del período anterior, en la que el actual presidente del Hemiciclo Legislativo, Rubén De León fue reelegido con 49 votos a favor, esta vez, las bancadas no cuentan con la mayoría para esa elección.
Segunda legislatura del tercer periodo en estadísticas
El pasado 28 de abril, último día de sesión, los diputados pisaron el acelerador. Esa noche un total de 14 proyectos fueron aprobados en tercer debate, entre ellos el proyecto de licencia de paternidad, regulación de anuncios clasificados, y la ley que prohíbe y sanciona el acoso callejero y sexual.
Además, en ese periodo, se aprobó el proyecto de Ley 245 que incluye un artículo sobre acuerdos de pena o delación premiada, el proyecto de ley 461 que ordena la devolución de las partidas del décimo tercer mes a cerca 180 mil jubilados y el contrato Ley para la reactivación de la zona bananera en Barú.
Tal vez el más polémico fue el proyecto de Ley 292 que reforma el Código Electoral, que fue sancionado por el mandatario de la República, Juan Carlos Varela el pasado 29 de mayo.
La falta de consenso entre bancadas y la presión de la sociedad civil en temas específicos como el tope del financiamiento en campañas electorales marcaron esa discusión.
Muchos de esos proyectos quedaron pendientes al cerrar el tercer período de sesiones ordinarias en noviembre de 2016, incluso se contempló la opción de ir a sesiones extraordinarias, sin embargo el presidente Varela descartó esa posibilidad.
Actualmente reposa en la AN el polémico proyecto de ley 396 que busca reestructurar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales se tenga la intención de privatizar la institución.
Los candidatos
Los colectivos han elegido sus figuras. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) escogió, por elección unánime, al diputado Carlos Motta, mientras que la bancada del Cambio Democrático está dividida por dos figuras: la actual segunda vicepresidenta del legislativo, Yanibel Ábrego y la diputada Mariela Vega, esto a pesar de que la Junta Directiva del CD instruyó a los diputados apoyar la candidatura de Vega y manifestó su rechazo a cualquier acuerdo que implique ceder la candidatura a favor de un diputado de otro partido. (Ampliar - cambios).
Los escándalos
La investigación de un medio impreso reveló supuesto desvío de fondos a través de aportes económicos y contratos por servicios profesionales que se gestionaron desde la Asamblea Nacional.
Tras darse a conocer esta investigación, el diputado y presidente del órgano legislativo, Rubén De León informó sobre la creación de una comisión interna creada por la Junta Directiva para investigar esos procesos administrativos.
Por su parte, el contralor de la República, Federico Humbert ordenó a un equipo realizar auditorias a las donaciones y pago de contratos por servicios profesionales.
Por este caso, el abogado Ernesto Cedeño presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una denuncia contra De León por incumplimiento en el establecimiento de los controles adecuados con relación a las donaciones.
Mientras que representantes de organizaciones civiles presentaron una denuncia contra 13 diputados por supuesto delito de peculado.
Estos 13 diputados eran: Rubén De León , Adolfo Valderrama, Katleen Levy, Alfredo Pérez, Miguel Salas, Carlos Afú, Benicio Robinson, Elías Castillo, Juan Manuel Poveda, Crescencia Prado, Dalia Bernal, Juan Carlos Arango y Mario Miller.
Sin embargo, ambas denuncias no fueron admitidas por el pleno de la CSJ.
También fue cuestionada la reciente decisión de la Comisión de Credenciales, presidida por el diputado Jorge Alberto Rosas, tras ordenar archivar doce denuncias presentadas contra los magistrados de la CSJ relacionadas a los supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, contra de la administración pública, corrupción de funcionarios, la fe pública y falsificación de documentos en general.
FUENTE: Catherine Perea
