El Anteproyecto Ley 36 presentado por el diputado Gabriel Silva, y que busca que se inhabilite para contratar con el Estado a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por actos de corrupción o que hayan realizado acuerdos de colaboración judicial o penal, fue prohijado.
Prohíjan iniciativa que busca que empresas condenadas no puedan contratar con el Estado
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