Un grupos ambientalistas y científicos de Panamá acudieron la mañana de este martes a la Corte Suprema de Justicia para presentar una solicitud de nulidad contra el Decreto Ejecutivo 141 que establece el "procedimiento especial de expedición de Certificados de Acreditación de Uso de Suelo en Áreas Protegidas".
"Este decreto detectamos ha violado más de 35 disposiciones del marco normativo vigente y por eso estamos solicitando a la Corte lo declare como nulo. Estas disposiciones incluyen por ejemplo disposiciones que le dan a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente la competencia exclusiva sobre la administración de las áreas protegidas y sobre la verificación de los usos de suelo que se están dentro de estas áreas", explicó Johana Ábrego del Centro de Incidencia Ambiental.
Ábrego destacó que ahora este manejo queda en manos de la Autoridad Nacional de Adminsitración de Tierras (Anati).
Según Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible, lo más preocupante es que las titulaciones en las áreas protegidas han empezado en las zonas mineras del país.