Dos anteproyectos de ley han sido presentados ante la Asamblea Nacional con el objetivo de prohibir el pago de seguros privados a funcionarios públicos con recursos del Estado. Las iniciativas fueron impulsadas por los diputados Ernesto Cedeño y Luis Duke.
"Si tú quieres seguro privado, págalo con tu plata, como hacemos muchos mortales", expresó el diputado.
Actualmente, el Estado destina un total de 168 millones de dólares para el pago de seguros privados en beneficio de siete entidades públicas, entre ellas:
- Corte Suprema de Justicia
- Tribunal Electoral
- Ministerio Público
- Ministerio de Seguridad Pública
- MiBus
- Canal de Panamá
De este monto, más de 120 millones de dólares corresponden únicamente a los estamentos de seguridad.
No obstante, Cedeño aclaró que su anteproyecto contempla excepciones. El seguro privado podría mantenerse cuando esté respaldado por acuerdos internacionales o en casos debidamente justificados para la fuerza pública.